Un juez sienta en el banquillo al alcalde de Galapagar y candidato del PSOE por acoso laboral

Un nuevo escándalo salpica al alcalde de Galapagar. El juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba ha acordado la apertura de juicio oral contra el también candidato del PSOE a las elecciones de este 28M, Alberto Gómez Martín, y otros tres altos cargos del Consistorio de esta localidad madrileña por la presunta comisión de un delito de acoso laboral a la secretaria general del Ayuntamiento.

Así consta en un auto fechado el 23 de mayo, en el que se abre juicio también contra el primer Teniente, Felipe García Escobar, la segunda Teniente, Rosa Maria Encuentra y el gerente de Servicios Generales del Ayuntamiento de Galapagar, Alfonso Garza Andrade.

Fuentes municipales señalan que no entienden que se haya abierto «a dos días de las elecciones y habiendo sido archivado en primera instancia». Pese a ello, se muestran convencidos de que se volverá a archivar y creen que es «una cortina de humo para no hablar de los dos salarios públicos que la candidata y diputada del PP se ha estado llevando de manera irregular como así dice el informe del secretario».

El fiscal solicita un año de cárcel para los procesados y una indemnización conjunta de 2.000 euros por los daños morales, señalando como personas civilmente responsables los acusados.

La acusación particular solicita dos años de cárcel para cada uno e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También eleva la indemnización a 11.820,99 euros por los daños morales.

María del Pilar A.A. ostentaba el cargo de secretaria general del Ayuntamiento y por Decreto de la Alcaldía del 3 de junio de 2019, Daniel Pérez Muñoz, el alcalde que estaba en funciones, acordó prestar conformidad a la solicitud de la funcionaria de habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de Secretaria Clase 1, decretando su prolongación de permanencia en el servicio.

Los hechos objeto del procedimiento tienen su origen el 11 de marzo de 2021 cuando los acusados mantuvieron una reunión con la afectada para que renunciara a la prórroga de su servicio activo dado que tenía más de 65 años, ante lo que ésta manifestó su oposición queriendo desempeñar su trabajo hasta los 70 años.

Según la denunciante, los acusados reaccionaron con «desconsideraciones morales, comentarios vejatorios y degradantes», acusándola de «no cumplir con sus funciones». Frente a ello, se sintió «humillada y descalificada».

De igual modo, la funcionara denunció que con anterioridad a 2021, ya fue objeto de «continuas interferencias e injerencias» en sus tareas profesionales, solicitando la realización de funciones que no iban con su cargo.