El juez que investiga el referéndum independentista catalán defiende el trabajo de la Guardia Civil

El juez que investiga los preparativos del referéndum ilegal anunciado para el 1-O ha mostrado hoy su apoyo a la labor de la Guardia Civil en esta causa, al resaltar que le han comunicado todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su función de policía judicial.

Según fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sale así al paso de las críticas de la Generalitat de Cataluña por la actuación del instituto armado en este procedimiento, y lo ha hecho avalando su labor.

El respaldo del magistrado responde a las declaraciones del consejero de Presidencia, Jordi Turull, quien ha acusado a la Guardia Civil de realizar unos interrogatorios con voluntad de “intimidación y coacción”. Turull  ha presentado incluso una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra los agentes que los han llevado a cabo.

La Guardia Civil investiga desde marzo

El magistrado encargó el pasado 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del ex senador de ERC Santi Vidal, que reveló que el gobierno catalán tenía una partida «camuflada» de 400 millones de euros para el referéndum unilateral y las estructuras de Estado.

En su investigación, abierta por cinco posibles delitos: revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición, el juez investiga además de a Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrogó la semana pasada como testigos a varios altos cargos del gobierno catalán, a dos de los cuales -el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet- se les comunicó a media comparecencia que pasaban a tener la condición policial de investigados, ante los indicios de que sus respuestas les podían incriminar.

En este sentido, y además de mostrar su apoyo a los investigadores del instituto armado, el magistrado ha subrayado que estos agentes siempre han seguido con escrupuloso cumplimiento la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Coordinados con la Fiscalía de Cataluña

La investigación policial de este caso se lanzó de forma coordinada con la Fiscalía Superior de Cataluña, que recientemente había abierto unas diligencias sobre los preparativos del referéndum centrada en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el exterior que había encargado a la Guardia Civil y que, ahora, también tiene en sus manos el juzgado de instrucción número 13.

En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un referéndum de independencia, lo que incluye la financiación y gestión de la web de Pacto Nacional por el Derecho a Decidir -plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de una consulta- o la web garanties.cat, donde el Govern pretende dar a conocer los detalles del 1-O.

También investiga el juez el coste y organización del acto organizado por Junts Pel Sí en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el pasado 4 de julio para presentar los preparativos del 1-O, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.

Paralelamente a la investigación del juez de instrucción, el TSJC tiene abierta una causa contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso -después declarado desierto- que convocó para la compra de urnas.

Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigación por los preparativos del 1-O, lo más probable es que el alto tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.