Una juez madrileña rechaza desalojar a unos okupas por el riesgo a que se contagien de coronavirus

No procede desalojar «la vivienda usurpada» porque supondría «un desamparo y una puesta en peligro» por el «posible contagio que se pudiera producir». Una juez de instrucción madrileña ha rechazado expulsar a unos okupas del piso en el que se encuentran porque considera que, ante el riesgo de infectarse por coronavirus, prima su derecho a la salud frente a la legítima propiedad de los dueños del mismo.

La magistrada de lo penal apoya su decisión en el estado de alarma declarado por el Gobierno «a raíz de la entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba dicho escenario, motivado por la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que no procede por el momento el desalojo de la vivienda de la persona o personas que la ocupan» y al entender que «no existen motivos razonables para pensar que los denunciantes» necesiten recuperarla de «una manera urgente e inaplazable». 

Esto es, los inquilinos en situación ilegal continuarán favoreciéndose del uso y del disfrute de la vivienda usurpada. Al menos, como recoge la resolución judicial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, mientras dure la situación excepcional dictada por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia y, como mínimo, hasta que la juez «haya tenido la oportunidad de escuchar» a los denunciados. Por ello, rechaza las medidas cautelares solicitadas por la familia propietaria del piso para el lanzamiento ‘exprés’ de los okupas.

Desde que se reformó la ley española para permitir a los dueños de viviendas particulares acortar los trámites y los plazos históricamente previstos para el desalojo de los inquilinos morosos o irregulares, han sido muchas las dudas jurídicas que se han planteado sobre’ la cuestión. Tal es así, que la Instrucción de Fiscalía sobre las actuaciones con okupas fue recibida con escepticismo entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son quienes ejecutan las órdenes del Ministerio Público.

Juicio contra los okupas

El propietario del piso ubicado en el humilde barrio de Vallecas es Manuel Vázquez, un hombre con una minusvalía de un 70% que se ha visto obligado a abandonar temporalmente su vivienda tras sufrir un grave problema de salud que le paralizó parte del cuerpo y por el que necesitó ser trasladado a una residencia de ancianos. Tiempo durante el cual los okupas aprovecharon para acceder a la vivienda en instalarse en ella.

Fue tras recibir el alta médica cuando los familiares de Manolo –como le llaman sus allegados– barajaron la posibilidad de que regresase a su domicilio habitual y se encontraron con la desagradable sorpresa: «La vivienda estaba ocupada».

Un escenario que ha acarreado al propietario todo un periplo judicial que desembocó en la celebración de dos juicios, el primero de ellos en marzo de 2019. Los denunciados –tres mayores de edad de origen latinoamericano– no se presentaron a la vista. «Ni siquiera su abogada de oficio les conocía», explica la familia de Manolo a OKDIARIO.

La última vista estaba fijada para el pasado 20 de enero pero unos días antes de su celebración los familiares de Manolo recibieron la llamada de un funcionario del Juzgado informándoles de que se había cancelado: los demandados no habían recogido la notificación del Juzgado. Por ello, decidieron solicitar medidas cautelares para el desalojo urgente de la vivienda. Una petición que ahora ha sido denegada por la juez.

Auto demoledor

La magistrada ha desestimado la solicitud de los propietarios alegando, entre otras razones, que «no ha tenido la oportunidad de escuchar a los denunciados». Un motivo que ha indignado especialmente a una de las sobrinas de Manolo, Sofía, quien interpuso la denuncia por usurpación contra los okupas junto a su hermano Fernando. «¡Cómo pueden decir que no han escuchado su versión si no se han presentado a ninguno de los dos juicios!», exclama enfadada en declaraciones a este diario.

Dos días después de dictarse el polémico auto, Manolo fallecía a los 66 años de edad en el Hospital Infanta Sofía de Madrid, víctima de un ictus que le dejó en coma. Ahora, su sobrino Fernando, copropietario de la vivienda asegura que continuará, con más fuerza que nunca, para desalojar a quienes okuparon su casa.

Prórrogas alquiler

La declaración del estado de alarma puso en marcha una batería de medidas para la protección de ciertos sectores productivos estratégicos, así como colectivos profesionales en situación vulnerable. Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez incluyeron entre sus propuestas el impago de las deudas derivadas de alquileres. Podemos pidió que no se pagasen las rentas mensuales durante el tiempo en el que se prolongase la medida extraordinaria, mientras que la propuesta del Ministerio de Transportes pasó por que el inquilino pudiera hacerla frente en «cómodos plazos y en un periodo de entre tres y diez años». 

Tal es así que el Departamento que dirige el socialista José Luis Ábalos contempló un primer punto por el que se determinó la paralización de todo proceso de desahucio, durante un periodo de seis meses. La medida estableció una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluyese coincidiendo con el estado de alarma.

Además, para aquellos que viviesen en un piso alquilado a un particular o un pequeño propietario, el grueso del colectivo de ciudadanos en régimen de arrendamiento -alrededor del 90% del total- el Ejecutivo habilitaría a través del ICO una línea de ‘microcréditos’ de hasta 100 millones de euros.