Llarena tenía razón: el Tribunal de la UE dice que Bélgica debe entregar al fugado Puigdemont

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido este jueves que los Tribunales belgas no pueden denegar la ejecución de las euroórdenes emitidas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los encausados por el ‘procés’ basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni pueden poder en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir estas órdenes.

Así Europa despeja el camino para ejecutar la euroorden dictada por Llarena para extraditar al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y contra sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017. Les acusa de sedición y malversación.

La opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE pero en la gran mayoría de los casos las sentencias dictadas por la Justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes.

Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el procés, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.

El magistrado del Tribunal Supremo dirigió la cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluis Puig, al considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el catalán y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Confianza mutua

El Abogado europeo recuerda en su dictamen el «principio de confianza mutua» entre los Estados miembro que prima en materia judicial y lo defiende como un elemento «de importancia capital» que debe aplicarse plenamente para proteger el espacio sin fronteras dentro de la UE y simplificar la cooperación judicial para «luchar contra la impunidad».

Por ello, añade en sus conclusiones, pretender que la autoridad judicial de ejecución compruebe en profundidad la existencia de un riesgo para los derechos fundamentales del reclamado sin que existan «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial desde el que se dicta la euroorden «no sería sino la expresión de una desconfianza (*) contraria» de las reglas de la UE sobre euroórdenes.

Enfado de Puigdemont

Puigdemont ha admitido este jueves que no les satisface la decisión del Abogado General del TJUE y que no es la que esperaban, pero ha recalcado que lucharán «hasta el final».

Pese a todo, ha apuntado que observan «claras contradicciones» entre la opinión emitida este jueves con la jurisprudencia reciente del mismo TJUE, que confían que el tribunal resolverá.

«En cualquier caso, tendremos que recorrer un camino que ya hemos recorrido antes, con más experiencia que antes. Lucharemos por cada derecho y por cada opción. Hasta el final. Y sin rendirnos, sin renunciar», ha subrayado Puigdemont.

El expresidente catalán ha asegurado que tienen identificados todos los escenarios posible y que saben qué deben hacer en cada ocasión, partiendo del más favorable hasta el más desfavorable.

También saben qué actitudes deben tomar si llega el caso del peor de todos los escenarios posible, pese a añadir que no es el actual, y ha recalcado: «Que nadie tenga ninguna duda: hoy más que nunca nos conjuramos con el ‘no surrender’ con el que hemos luchado todos estos años».

Satisfacción en el Supremo

El Tribunal Supremo ha recibido con satisfacción la posición adoptada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que en realidad no cabía esperar un escenario distinto al que ha dibujado el Abogado General del TJUE, por cuanto eso podía significar directamente «el fin de la euroorden».

A este respecto, explican que el sistema de euroórdenes está basado en la confianza mutua entre los estados miembros, por lo que el hecho de que el país que debe ejecutar la dictada por otro entre a valorar la calidad democrática de éste para decidir si cumple con la orden de detención y entrega supondría desvirtuar este mecanismo.