Un juez investiga si el Gobierno tapó la fiesta del socialista Sicilia en pandemia que desveló OKDIARIO

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella de Vox contra Koldo García por un presunto delito de tráfico de influencias. El auto, firmado este 16 de julio de 2026 y que desvela en exclusiva OKDIARIO, abre una investigación sobre la desaparición de un atestado policial vinculado a la fiesta ilegal celebrada durante la pandemia en la que participó el entonces diputado socialista Felipe Sicilia.

El origen de la causa son las propias declaraciones de Koldo García en entrevista con OKDIARIO horas antes de entrar en prisión. Aseguró que la orden de hacer desaparecer el atestado partió de «gente del Gobierno» y, según le trasladaron, del propio presidente, Pedro Sánchez.

La querella, presentada por Vox, tuvo entrada en el tribunal el pasado 18 de junio de 2026. El partido de Santiago Abascal ha basado su denuncia en las manifestaciones de Koldo García ante Eduardo Inda recogidas en la entrevista publicada el 9 de marzo de 2026 en este medio.

En esa entrevista, el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos afirmó que unos funcionarios policiales, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, hicieron desaparecer un atestado que se elaboró con motivo de dicha fiesta y la polémica que generó en las proximidades.

Tráfico de influencias

El auto judicial recoge textualmente que Koldo García «manifiesta también que fue él quien gestionó personalmente que el caso se quedara calmado». El propio Koldo habría reconocido así un papel activo en el manejo del expediente policial, más allá de la simple denuncia de una orden externa.

El documento judicial añade otro elemento que ha llamado la atención: según las palabras del querellado, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tenía conocimiento» de los hechos relatados. Esta referencia sitúa al titular de Interior en el centro de un relato que, de confirmarse, apuntaría a una gestión política del asunto desde varios frentes del Gobierno.

El magistrado ha considerado que estos hechos, «en principio», son subsumibles «al menos, ya a nivel indiciario», en los delitos previstos en los artículos del Código Penal que regulan el tráfico de influencias cometido por particular y por funcionario público, respectivamente.

Declaración de Koldo

Para justificar la admisión de la querella, el auto recurre a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide desestimar «a limine litis» una denuncia salvo que los hechos, considerados en sí mismos, no ofrezcan «ningún indicio racional de posible criminalidad». El juez ha entendido que no es ese el caso y que resultaría «superflua» cualquier resistencia a investigar antes de agotar las diligencias.

La resolución ordena, como primer paso, librar un oficio a la Unidad de Policía Nacional adscrita a esa misma Sección de Instrucción para que informe sobre si efectivamente se levantó un atestado por los hechos denunciados y, en caso afirmativo, cuál fue su destino final, con remisión de una copia a la sede judicial.

Solo después de recibir ese informe, el tribunal ha previsto citar a Koldo García para tomarle declaración por los hechos que él mismo destapó públicamente. El auto no fija todavía fecha para esa comparecencia, que quedará supeditada al resultado de las pesquisas policiales previas.

Fiesta pandémica

El episodio que ha dado origen a esta causa se remonta al periodo de restricciones sanitarias derivado de la pandemia de Covid-19, cuando las reuniones sociales estaban severamente limitadas por el estado de alarma.

Las revelaciones de Koldo García sobre irregularidades cometidas desde su etapa en el Ministerio de Transportes han alimentado, desde 2024, distintas causas judiciales que afectan al entorno del PSOE, entre ellas el caso que instruye la Audiencia Nacional por adjudicaciones de obra pública, que se suma a la causa del Tribunal Supremo que acabó en condenas de 24 años y 19 años para Ábalos y Koldo, respectivamente.

La mención a Felipe Sicilia, ex diputado por Jaén y ex portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, introduce ahora una derivada distinta, centrada no en contratos públicos, sino en el presunto encubrimiento de una infracción durante el confinamiento. Una negligencia sanitaria desde un alto representante público que ahora es policía nacional en el Tribunal Constitucional.

Vox, que ya ejerce la acusación popular en varias piezas separadas del caso Koldo, ha optado por trasladar a los tribunales madrileños esta ramificación de escándalo, entendiendo que las propias palabras del querellado constituyen indicio suficiente para abrir diligencias. Así lo hicieron también ante la confesión de Ábalos de que Pedro Sánchez le había chivado que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Koldo. Esa denuncia fue archivada por el Supremo al ser el presidente del Gobierno aforado.

Contra el auto de apertura del caso cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días desde su notificación por parte de Felipe Sicilia, o recurso de apelación directo en cinco días. La resolución ha sido notificada al Ministerio Fiscal y al presidente de la Audiencia Provincial, conforme al trámite ordinario de incoación.

El expediente queda ahora en manos de la Policía Nacional, que deberá esclarecer un extremo tan prosaico como decisivo: si aquel atestado llegó a existir en papel o si, como sugiere el propio Koldo, se esfumó antes de que nadie pudiera dejar constancia de él. Pocas veces un simple folio policial, o su ausencia, ha tenido tanta capacidad para volver a poner en jaque a un Gobierno ya acostumbrado a litigar su credibilidad en los juzgados.