Un juez de Alcalá de Henares exculpó a un maltratador al fallar la pulsera por «incidencias técnicas»

Una resolución judicial de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, fechada el 7 de mayo de 2025, ha confirmado el sobreseimiento provisional de un caso por quebrantamiento de orden de alejamiento debido exclusivamente a fallos técnicos del sistema Cometa. El caso, originado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares, demuestra cómo los problemas técnicos han impedido perseguir supuestos delitos.

El auto, que desvela OKDIARIO, constata que «de las diligencias de investigación practicadas no se extrae la posible comisión del delito objeto de la denuncia» debido a «ciertas incidencias técnicas en el protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos». El tribunal especifica que se trataba de «escasa batería o problemas de cobertura» que generaron falsas alarmas entre junio de 2022 y marzo de 2023 –cuando gestionaba Irene Montero el Ministerio de Igualdad–.

La actual ministra Ana Redondo ha defendido este lunes que el trabajo de su departamento en la gestión de los dispositivos es «excelente» y permite salvar vidas, contradiciendo frontalmente lo reflejado en esta decisión judicial. «Sería irresponsable por mi parte irme en este momento», ha declarado.

La ministra ha reiterado que los dispositivos siempre han funcionado correctamente y que ninguna mujer ha sido asesinada portando uno. Sin embargo, la documentación judicial demuestra que las «incidencias técnicas» han provocado el archivo de causas penales, generando indefensión procesal.

La sentencia de la Audiencia de Madrid revela que el investigado explicó que «como trabaja en distintas obras repartidas por la Comunidad de Madrid y, en ocasiones, ha pasado la totalidad de su jornada en lugares en los que no hay cobertura, es por lo que se habría podido perder la señal de manera continua y se descargara la batería por la búsqueda de señal».

Los magistrados constatan que estos «extremos coinciden con la información proporcionada por Cometa», la empresa gestora del sistema. La resolución añade que hubo «cambio de pulsera hasta en dos ocasiones, en 2022, y en enero de 2023 por problemas de batería».

El Ministerio de Igualdad no ha precisado aún cuántas causas judiciales fueron archivadas por los errores que sufrieron las pulseras. Fuentes ministeriales trasladan que «nunca han sido muchísimos casos», contradiciéndose con la Fiscalía, que en su última Memoria anual alerta de que los errores «han provocado una gran cantidad de sobreseimientos o fallos absolutorios». Luego la Fiscalía y una vocal del Consejo General del Poder Judicial tratan de salvar al Gobierno e infundir confianza en el sistema a las víctimas.

Este desacuerdo institucional evidencia la magnitud del problema que Redondo intenta minusvalorar. La ministra cifró «en menos del 1%» este problema, sin precisar cuántos casos supone ese porcentaje, mientras que ninguna institución aporta un número concreto. Por tanto, todo apunta a que ese porcentaje fue una invención improvisada.

La Memoria de la Fiscalía señala que los datos previos al 20 de marzo de 2024 se perdieron y, con ello, «un elemento probatorio en ocasiones imprescindible». Esta circunstancia ha generado una situación kafkiana para víctimas y sistema judicial.

Pese a las explicaciones ministeriales, el socio de coalición Sumar ha pedido una «pequeña investigación» de lo sucedido. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido que se esclarezca todo lo ocurrido y que, en caso de haber fallos, se repare a las víctimas afectadas.

El Partido Popular ha dedicado gran parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a «abordar el escándalo de las pulseras». Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el Gobierno por los fallos, afeando al Ejecutivo que «desproteja a las mujeres». Vox considera que «en cualquier país decente esto habría llevado a una cascada de dimisiones inmediatas».

La ministra ha criticado al PP por utilizar el miedo «como ariete político contra el Gobierno», calificándolo de «ruin, mezquino y absolutamente injusto». Ha lamentado la oposición «radicalmente irresponsable» de los populares, llegando a afirmar que «le dan lo mismo las víctimas».

Redondo ha insinuado que con esta «desinformación» se pretende generar una «cortina de humo» sobre casos de corrupción «que el PP tiene encima de la mesa» como el de Alberto González Amador.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de Redondo, insistiendo en que las disfunciones «no comprometieron la protección» y que sembrar dudas es una «irresponsabilidad manifiesta».

Como desveló OKDIARIO, Igualdad calificó con un suspenso (3,6 sobre 10) el plan para efectuar esa transición polémica de los datos, advirtiendo que podría generar problemas. Luego, efectivamente, el plan de migración de una empresa a otra falló.

Las Audiencias Provinciales alertaron en marzo de «fallos técnicos» por «localizaciones erróneas o manipulaciones de los investigados». Pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas y aumentar la plantilla de técnicos ante las dilaciones para colocar las pulseras.

La ministra ha anunciado un nuevo contrato de licitación que se activará en mayo de 2026, con una extensión de tres años y dos prórrogas, incluyendo mejoras para evitar las incidencias detectadas.

La paradoja judicial que enfrenta Redondo es evidente: mientras defiende la infalibilidad del sistema, los tribunales archivan causas por sus fallos técnicos, convirtiendo la protección prometida en una quimera procesal que deja a las víctimas en un limbo jurídico inexplicable.