El juez acepta que Bolaños declare por escrito en Pegasus pero le aconseja la vía telemática

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la solicitud del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de declarar como testigo por escrito en el caso Pegasus. Esta petición ya la adelantó OKDIARIO la semana pasada. No obstante, el juez le ha ofrecido declarar por videoconfencia.

En el auto publicado este jueves, el juez afirma que la ley permite esa declaración por escrito, pero le plantea hacerlo por videoconferencia «para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad, con una interacción visual, auditiva y verbal con el testigo, y en unidad de acto».

En la causa abierta en la Audiencia se investiga la infección de los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de tres ministros, la titular de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el responsable de Agricultura, Luis Planas.

El auto del titular del juzgado central de instrucción número 4 recoge el escrito que le ha remitido el Gobierno con la petición de Bolaños, citado como testigo para el 5 de julio a las 9.00 horas.

En la citación se le informó de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le permite informar por escrito de los hechos que tenga conocimiento en función de su cargo y Bolaños traslada al juez que quiere acogerse a esa posibilidad.

Calama acepta su propuesta, pero le deja claro que sería mejor hacerlo por videoconferencia y le ofrece que elija las fechas y las horas a las que puede hacerlo «sin alteración de las funciones inherentes a su cargo».

Recuerda el juez que el Tribunal Supremo ya ha señalado que «el proceso penal no ha podido sustraerse al avance de las nuevas tecnologías, y la utilización del sistema de videoconferencia para la práctica de actos procesales de indudable relevancia probatoria, forma parte ya de la práctica habitual de los Tribunales de justicia».

Bolaños tiene tres días para decidir si declara por videoconferecia o mantiene su decisión de acogerse al «privilegio procesal» que, como miembro del Gobierno, le otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.