Un informe de Delgado será determinante para que la rebaja del delito de sedición se aplique a los golpistas

La reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno para rebajar las penas por sedición y su aplicación retroactiva a los líderes separatistas catalanes condenados por el Supremo, necesitará de la intervención de la nueva fiscal general del Estado. La polémica Dolores Delgado tendrá que emitir un informe para pronunciarse sobre la revisión de la sentencia del ‘procés’ y la reducción de los años de prisión a los golpistas condenados.

Una vez publicada la nueva ley, el Código Penal encarga a los directores de las cárceles donde cumplen condena los presos separatistas que remitan «a la mayor urgencia» al tribunal competente, la «relación de los internos» en su centro que se beneficiarán de la medida. Recibida dicha información, los jueces darán traslado al Ministerio Fiscal «para que informe sobre si procede revisar la sentencia y, en tal caso, los términos de la revisión».

Esto es, la fiscal general del Estado tendrá un papel determinante para el futuro de Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont que están en la cárcel condenados por alzarse «pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes» y «de las resoluciones administrativas o judiciales».

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguraba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta «revisión del Código Penal» que llevarán al Congreso de los Diputados se incluye en el marco del «acuerdo de progreso y programático» que firmaron con Unidas Podemos. Si bien dicho pacto de Gobierno no recoge nada expreso sobre la sedición, por lo que dicha reforma tendrá que ser tratada en Consejo de Ministros.

«Adecuar» el delito

«Es fundamental reabrir un debate sobre el Código Penal para que se adapte a las nuevas circunstancias que son cambiantes», sostenía Montero. El propio Sánchez, en una entrevista televisada horas antes, advirtió de la necesidad de revisar «un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España». «No tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos», añadía.

Desde el Ejecutivo son conscientes de que esta reforma necesitará el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento. Una mayoría que la portavoz del Gobierno reconoce no tener por el momento. Será necesario «suscitar los máximos consensos» para que «la reforma tenga el espíritu» que pretende Sánchez, reflexionaba Montero.

La reforma del Código Penal para adecuar los delitos contra el Estado -rebelión y sedición- a la realidad política española fue tema de campaña en las dos últimas convocatorias de elecciones generales. El pasado mes de mayo, el propio Sánchez se comprometió a promover una reforma del Código Penal que permitiese «adecuar» el delito de rebelión a las actuales circunstancias del separatismo catalán.

«Estamos trabajando en una modificación del Código Penal y la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados», anunciaba el entonces candidato socialista a La Moncloa. «Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional», explicaba.

Abandona ahora el PSOE el compromiso de Sánchez de endurecer la ley contra los promotores de referéndums ilegales.

Mayoría absoluta

Más allá del polémico indulto con el que se especuló durante la anterior legislatura, el Ejecutivo socialcomunista abre ahora una nueva vía para reducir las condenas impuestas por el Supremo a los golpistas: una modificación del Código Penal, con efectos retroactivos, que suavizará el tiempo de prisión que cumplen en la actualidad. El anuncio llega tras la promesa del PSOE de «desjudicializar» el «conflicto catalán» que le permitió obtener el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez.

Para ello, los socialistas están obligados a plantear una proposición de ley orgánica para modificar los delitos contra el Estado –entre los que se encuentran los de rebelión y sedición- y revisarlos tanto en los requisitos que se exigen como para asignarles una sanción menor de la que tienen.

La propuesta tendría que ser elevada por su grupo parlamentario a la Mesa de Congreso o del Senado que, tras calificarla, ordenaría su publicación y remisión, de nuevo, al Gobierno para que manifestase su conformidad presupuestaria con la misma. Si transcurridos 30 días el Ejecutivo no ha expresado oposición, el texto estaría en condiciones de ser incluido en el orden del día del Pleno de la Cámara correspondiente para ser debatido.

De resultar aprobada por mayoría absoluta en el Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto definitivo, el artículo 2.2 del Código Penal permitiría aplicar retroactivamente las nuevas penas a los condenados en firme. Esto es, los golpistas catalanes, incluido Junqueras, se beneficiarán de la reducción del tiempo que deben pasar en prisión.