Monedero imputado: Podemos es el partido con más investigados en su cúpula

Juan Carlos Monedero ha sido imputado por un delito contra el honor cometido al publicar un vídeo en redes sociales en el que identificaba a Vox con crímenes contra la humanidad, con los campos de exterminio nazis, los sicarios de Medellín y los nazis juzgados por el Tribunal de Nuremberg. Podemos es el partido que tiene a más miembros de su cúpula pendientes de los tribunales.

Para empezar, el propio Podemos está imputado como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente, por una posible malversación y administración desleal. En la causa están también imputados Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, además de mano derecha de Pablo Iglesias (es director de Estrategia y Comunicación en la vicepresidencia segunda), además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. Todos ellos declararon el pasado noviembre.

Pablo Iglesias, por su parte, está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la admisión a trámite de la petición del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la que se solicita su imputación. Se le atribuyen tres delitos:descubrimiento y revelación de secretos (con agravante de género), daños informáticos y  denuncia falsa o simulación de delito por presuntamente destruir la tarjeta del móvil de su asesora Dina Bousselham con el propósito de escenificar falsamente una persecución contra él con fines electorales. Estos delitos, en el caso de condena, pueden llegar a penas de hasta nueve años de prisión.

Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, fue condenado por no pagar la Seguridad Social de su asistente personal. Según la investigación, Echenique mantuvo sin contrato ni Seguridad Social a su trabajador. El proceso judicial se inició tras la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra Echenique por no dar de alta ni cotizar por el trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial Empleados de Hogar entre las fechas del 16 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016.

Además, el portavoz parlamentario de Podemos fue condenado -junto a Juanma Del Olmo- por vulnerar el derecho al honor de un fallecido, al que acusaron de violación. A ambos se le impuso una indemnización de 80.000 euros, ya que no quedó demostrado que esta persona cometiera el delito que le habían atribuido. Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, cuando Podemos presentó como candidata a la alcaldía de Ávila a Pilar Baeza, condenada por complicidad en un asesinato ocurrido 35 años atrás. Echenique la defendió asegurando que había sido violada por el hombre al que, quien era novio de Baeza en aquel momento, disparó.

El Tribunal Supremo tiene ya vía libre para investigar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, imputado por patear a un agente de Policía. Rodríguez se negó a acudir voluntariamente ante la Justicia, lo que obligó al Alto Tribunal a solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados. El pasado 17 de diciembre, la Cámara baja aprobó este trámite, que permitirá al Supremo continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él por dar una patada a un agente durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Todos los diputados, incluidos los de Podemos, votaron a favor del suplicatorio. El Supremo pretende investigar a Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta (o delito leve) de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la Lomce en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

La dirigente podemita fue condenada por delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, aunque fue absuelta de desórdenes públicos.

Podemos cuenta en sus filas con otros nombres igualmente pendientes de causas judiciales, como Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias y directora del panfleto ‘Última Hora’, que distribuye propaganda de Podemos. Su nombre figura en la causa que investiga el presunto robo de su teléfono móvil. En la declaración ante el juez, Bousselham incurrió en contradicciones.

Monedero ha sido citado a declarar en calidad de investigado el próximo 18 de febrero, según el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La querella, que acaba de ser admitida a trámite, formulada por el partido de Santiago Abascal alega que las afirmaciones vertidas por el cofundador podemita y ahora director del Instituto 25-M «superan los límites de la libertad de expresión y crítica política». La letrada de la formación Marta Castro manifiesta que se pretende «imputar un delito de odio a Vox», con lo que «incurre en delitos de calumnias e injurias, al ser conocedor -Monedero- de la manifiesta falsedad de las afirmaciones».

La abogada destacaba en su escrito que Monedero «no ha criticado posturas políticas, sino que sólo vierte numerosos insultos». Y añade: «Utiliza la comparación de la actuación de Vox con las actuaciones delictivas, sanguinarias y aberrantes».

Admisión a trámite de la querella

El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid afirma en un auto que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s  contra el honor cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», por ello procede a la admisión a trámite de la querella.

En octubre, cabe recordar, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de Monedero contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró en su día su incompatibilidad para dedicarse a la docencia y a actividades privadas de consultoría.

El Supremo concluyó que el profesorado universitario a tiempo completo «se encuentra sometido a una incompatibilidad absoluta para cualquier otra actividad». La denegación de la compatibilidad ya derivó en la apertura de un expediente a Monedero que se saldó en julio de 2016 con una sanción de seis meses de empleo y sueldo por falta muy grave.