El teléfono de emergencia de Igualdad para maltratadas tampoco funcionó cuando fallaron las pulseras

El Ministerio de Igualdad que dirige la socialista Ana Redondo abandonó doblemente a las mujeres maltratadas. El servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género (Atenpro) tampoco funcionó en los mismos lugares donde fallaban las pulseras antimaltrato. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que este verano hubo «carencias en la cobertura móvil en zonas rurales», donde también se registró el mal funcionamiento de los dispositivos de vigilancia.

El Ejecutivo socialista ha publicado este jueves un Real Decreto que modifica otro anterior en el que se regula la concesión directa de una subvención para la prestación del Servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género.

De ese modo, se incrementan las ayudas a la Federación Española de Municipios y Provincias en 1,5 millones de euros: se pasa de 8,2 millones de euros a 9,7 millones de euros.

Este aumento en la partida responde a «la necesidad de adoptar medidas dirigidas a mejorar la atención a víctimas en zonas rurales y en situación de vulnerabilidad». En concreto, para «adaptar el servicio» Atenpro a «nuevas formas de violencia digital y de reforzar la coordinación, la seguridad de datos e interoperabilidad del sistema».

«Carencias en la cobertura móvil»

Y es que Igualdad admite, ocultamente, que durante el período de «incendios que han tenido lugar en los meses estivales» se han puesto «de manifiesto carencias en la cobertura móvil en zonas rurales en las que hay presencia de usuarias activas del servicio». Por ello, consideran que es «urgente adoptar medidas que ofrezcan alternativas de comunicación en esos territorios».

Es decir, en las zonas rurales, este tipo de servicio presentaba problemas y, por tanto, las mujeres que se enfrentaban a una emergencia y que se veían abocadas a utilizar este teléfono de teleasistencia Atenpro no podían usarlo.

Esto mismo ocurría con las pulseras antimaltrato, cuyas deficiencias desveló OKDIARIO. La Memoria de la Fiscalía de 2025 reflejó que hubo «dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas» por «la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas».

Además, se advertía del «tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil) para decidir sobre la formulación de denuncia».

Por tanto, las mujeres que sufrieron los fallos en las pulseras antimaltrato por la «deficiente cobertura de zonas rurales aisladas», tampoco pudieron utilizar el servicio Atenpro para contactar con la teleasistencia para que le socorrieran en ese momento de urgencia por las «carencias en la cobertura móvil en zonas rurales».

«Necesidad de modernizar el servicio»

Por todo ello, el Gobierno pone el acento, ahora, en «la necesidad de modernizar y adaptar el servicio Atenpro, mediante el refuerzo de medios humanos y materiales, y de la implantación de tecnologías avanzadas». Precisamente, fue un fallo tecnológico el que provocó, a su vez, la caída de las pulseras antimaltrato. De hecho, los dispositivos de control que compró Igualdad demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

En definitiva, Igualdad concluye que «urge reforzar la coordinación, la seguridad e interoperabilidad del sistema». El objetivo es «garantizar, por una parte, la reducción del tiempo medio de respuesta en situaciones de emergencia». Por otro lado, pretende «avanzar en el cumplimiento en materia de seguridad y protección de datos personales».

La medida se hizo pública en el mismo día en el que María Martín Romero, presidenta de la asociación contra la violencia machista La Volaera y víctima de maltrato, se encaró con la ministra de Igualdad por la última ola de fallos en los dispositivos telemáticos de las pulseras fake del Gobierno. «¡Es usted una cómplice de los maltratadores!», le espetó.