El corrupto González recupera la libertad seis meses después

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha quedado en libertad tras pasar algo más de 6 meses encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real. Fue sobre las ocho de la tarde cuando el acusado por corrupción González abandonó la cárcel.

González ha logrado reunir la fianza de 400.000 euros fijada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, gracias al aval de más de una decena de familiares y amigos. Su hermana, la diputada del PP, Isabel González, y dos de sus hijas han hecho efectivo el pago este mediodía.

La dirección de Soto del Real ordenaba su puesta en libertad tras recibir el auto de libertad firmado por el instructor del caso Lezo, procedente del Juzgado de Guardia de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, encargado de tramitar las excarcelaciones de este centro penitenciario.

El exdirigente del PP es investigado en la causa por por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales.

A partir de ahora, además de trabajar en su defensa, tiene la obligación de comparecer cada semana en la Audiencia o el juzgado más próximo a su domicilio. El juez Manuel García Castellón le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido abandonar España, como medidas cautelares.

El juez que investiga las irregularidades en el Canal de Isabel II adoptaba esta decisión, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que ya había disminuido el “riesgo de reiteración delictiva y el de fuga”.

«Una actividad delictiva conjunta»

En el auto de 14 páginas dictado este martes, el juez García Castellón señalaba que “los indicios recabados, indiciariamente señalan que los investigados, Ignacio González y Edmundo Rodríguez, se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la CAM, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones”.

“Resulta evidente”, añadía, “que estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada participe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo. Este reparto de tareas tiene una doble finalidad, por un lado facilitar o ejecutar los hechos, y por otro ‘alejar los centros de decisión delictiva’ de los centros de ‘ejecución material delictiva’, logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables”.

El auto también mencionaba que “las actuaciones de la trama han traspasado las fronteras nacionales y así existen indicios de la realización de otros hechos delictivos en países que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia. La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado”.

El instructor de Lezo también ratificaba la participación de González en las obras de Canal Golf: “Los investigados, Ignacio González González, Pablo González González, Juan José Caballero Escudier y José Antonio Clemente Martín, con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas, crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad”.

“El importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros. Los hechos descritos en el apartado anterior pueden calificarse como presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales”.