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Hosteleros hacen un llamamiento para denunciar masivamente al Gobierno: «No queremos ‘ayuditas’»

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Paula Baena

Ya son miles los hosteleros de toda España que han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez por la «expropiación forzosa» del derecho a la explotación de sus negocios. Unas denuncias que está gestionando en buena parte el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que está dispuesto a tramitar todas las reclamaciones que este tipo contra el Ejecutivo central.

Ha sido lo ha asegurado José Eugenio Arias, propietario del Asador Guadalmina de Marbella, en un vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que advierte al Gobierno socialcomunista de que los hosteleros no quieren sus «ayuditas» sino la indemnización que legítimamente les corresponde por el cierre al que fueron obligados por el estado de alarma.

Arias recuerda que tanto las empresas del sector, como cualquier otra empresa o autónomo que se hayan sentido perjudicada por los cierres tiene derecho a ser indemnizada en virtud del artículo 33.3 de la Constitución Española que establece que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Además, el propietario, que ya presentó denuncia contra el Gobierno el pasado 13 de abril, recuerda que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio dice que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Para Arias está claro que lay ley está de su parte y, por tanto, hace un llamamiento para exigir al Gobierno y también a las Comunidades Autónomas las indemnizaciones que por imperativo legal les corresponde.

«No nos conformemos con ‘ayuditas’ de 1.000 o 2.000 euros hay que exigir por ley que se nos indemnice», subraya Arias, cuyo establecimiento tiene prohibida la entrada a todos los miembros del Gobierno de Sánchez.

«Los siguientes sujetos y sujetas tienen prohibida la entrada en este establecimiento» reza un cartel con las caras de Sánchez y cada uno de sus ministros, incluido el actual candidato de Podemos a las elecciones del 4M, Pablo Iglesias, situado en su afamado negocio marbellí.

«Como no tengo otra forma para poder manifestarme que a través de mi negocio, y es mío y hago lo que me da la gana, pues pongo los carteles que creo convenientes», afirmaba en una entrevista con OKDIARIO el pasado mes de junio. Un cartel que le valió una inspección fiscal y de trabajo.

Este empresario insiste en que las posibilidades de éxito de los hosteleros y empresarios en general contra el Gobierno son muchas y está convencido de que éstas se incrementarán cuantas más denuncias en la misma dirección se presenten.

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