“He tenido que ver cómo a los políticos se les hacían los test que se negaban a mi padre”

Soledad ha perdido a su padre de apenas 61 años a causa del coronavirus. A pesar de tener fuertes síntomas, no se le trasladó al hospital hasta que fue demasiado tarde. Ahora, su hija relata en OKDIARIO cómo fue su enfermedad y se queja de la falta de transparencia del Gobierno. Se siente «engañada».

El padre de Soledad, como muchos otros de los casos relatados en este medio, no presentaba patologías previas. «Era auxiliar de farmacia y se contagió en los días previos al confinamiento cuando no había medios ni mascarillas», recuerda su hija. En el momento de su contagio, el Gobierno consideraba que el virus no era un problema importante e insistían públicamente en que no se convertiría en lo que finalmente acabó, una pandemia: «Nos engañaron, nos decían que era una simple gripe y no nos tomamos el tema con la seriedad que debería haberse tomado. Si lo hubiésemos sabido al menos podíamos haber preparado mascarillas», lamenta Soledad.

Su padre comenzó a encontrarse mal y a presentar los síntomas propios del coronavirus: diarrea y falta de gusto. Comenzó a empeorar día a día. A pesar del malestar evidente y unas analíticas que no presagiaban nada bueno, los médicos se negaron a hacerle un test y le recomendaron tomarse paracetamol e ibuprofeno. Además, le pidieron que guardase 14 días de aislamiento.

«Comenzó a tener una tos que no le dejaba ni dormir y luego disnea», relata su hija. «Al final se lo llevaron a un hospital de Granada donde tras doce horas sin tener noticias de él, nos llamaron para decirnos que estaba grave. Tres cuartos de hora después había fallecido», continúa. «Mi padre se fue tan contento porque, por fin, después de veinte días le iban a hacer la prueba», lamenta.

«Mi padre llegó con indicios de trombos y deficiencia de oxígeno y no era como para haberle mandado a su casa», se queja Soledad a OKDIARIO. Además, asegura que el día que murió coincidió con el día que su padre debería haberse reincorporado al trabajo tras su cuarentena. Es decir, si no llega a ser por el fatídico desenlace, hubiese vuelto a su puesto a pesar de ser positivo. «Mi abuela con 91 años se contagió y lo superó. Mi padre no lo ha hecho por falta de atención médica», añade.

Soledad dedica también unas palabras a los políticos porque le «parece vergonzoso que mientras ellos han estado restregando que para ellos sí había test», para su padre «no los hubo».

En este sentido, critica al Gobierno su gestión y les culpa de los efectos de la pandemia en España: «Si a mi padre le hubiesen hecho su test a tiempo y le hubiesen ingresado en un hospital con un seguimiento, probablemente estaría aquí».

Protocolo equivocado

Soledad se queja del protocolo que el Gobierno ha impuesto a los sanitarios durante la crisis. «No se ha hecho un protocolo para salvar vidas sino para no colapsar los hospitales. Había sitios donde ese protocolo hacía falta pero otros no», afea.

En este sentido, la hija del fallecido denuncia la falta de material de protección que se ha otorgado a personas como su padre, que trabajaba en una farmacia, o a ella, que lo hace en un supermercado. «Solo teníamos lo que la gente nos donaba», asegura.

Falta de reconocimiento

La afectada afirma, además, que su padre se contagió trabajando. Por ello considera que se debería considerar su fallecimiento «accidente laboral»: «¿Dónde quedan esas historias donde personas como mi padre han estado al pie del cañón sin medios? Han estado totalmente abandonados y se debe reconocer», sentencia.

«Mi padre no contaba con medidas de protección. Es como si un albañil está trabajando sin un arnés», añade.

Asociaciones de afectados

Muchas familias han encontrado refugio en asociaciones como la Plataforma de Afectados por el Covid-19, donde un grupo de juristas, periodistas y ciudadanos han decidido crear un espacio para asesorar a las víctimas.

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que afrontar más de una decena de querellas de colectivos profesionales, sindicatos, abogados y partidos de la oposición por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Se avecina un complicado horizonte jurídico para el Ejecutivo en los próximos meses, tal vez años si se tiene en cuenta la diversidad de las vías abiertas, la tradicional burocracia y las distintas estrategias procesales.

Hasta la fecha, distintos colectivos de profesionales y de afectados han planeado más de una decena de acciones judiciales contra el Gobierno y otras administraciones en diferentes tribunales -las de las organizaciones profesionales son una decena-. Algunas ya se han iniciado, otras se han anunciado pero, previsiblemente, quedan por llegar nuevas demandas. Todas tienen un elemento común: pedir responsabilidad al gabinete de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus.