El gurú de Díaz para la amnistía asegura que lo de Otegi no fue terrorismo, sino «disidencia política»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/10/2023 06:39
  • Actualizado: 10/10/2023 09:31

Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los principales autores del dictamen jurídico encargado por Yolanda Díaz sobre la amnistía, criticó la condena de la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi como dirigente de ETA, en 2011. En opinión del experto elegido por Díaz, «representa un ejemplo de resolución judicial alejada de los parámetros exigidos por nuestro sistema constitucional de garantías y merece un severo reproche, porque demuestra que la Audiencia Nacional ha confundido interesadamente la disidencia política con el terrorismo».

Otegi, junto al ex secretario general del sindicato batasuno LAB, Rafael Díaz Usabiaga, fue condenado a 10 años de cárcel como dirigente terrorista. El tribunal consideró que ambos actuaron como dirigentes de ETA al tratar de reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune. Según la sentencia, los condenados actuaban «en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas» y, además, desempeñaban funciones de «impulsión, responsabilidad y coordinación».

Posteriormente, el Supremo rebajó la condena a Otegi y Usabiaga hasta los seis años y medio de cárcel al no considerarles dirigentes de ETA, pero sí autores de un delito de pertenencia o integración en organización terrorista. Según el Supremo, la organización criminal delegó en ellos «la labor negociadora y de aglutinación del sector soberanista del País Vasco (…) habiendo seguido las pautas de ETA de forma activa y consciente» y los condenados actuaron «bajo su tutela y dirección cuando desplegaron las distintas actividades relacionadas con los hechos, instrumentalizadas de este modo por ETA y a su directo servicio». Actualmente, el caso está pendiente de la repetición de juicio en la Audiencia Nacional.

«Condena política» a Otegi

García Rivas arremetió contra la primera sentencia, acusando a la Audiencia de emitir una «condena política». 

«Para condenar a alguien por pertenencia» a una organización terrorista, opinaba, «deben existir pruebas suficientes de que los acusados no sólo comparten los fines políticos de la organización, sino que son copartícipes también de esos medios criminales que marcan la frontera entre la mera ideología y la actividad punible».

El experto elegido por Yolanda Díaz asegura que «en el caso de Otegi y Usabiaga –considerados dirigentes–, habría que probar, además, que son los encargados de planificar la estrategia de la banda o que tienen bajo su mando a personas o grupos de personas que actúan como terroristas de acuerdo con sus directrices. La Audiencia Nacional no consigue probar lo primero y mucho menos lo segundo».

El catedrático rechazó los argumentos del tribunal, que se basó para su sentencia, entre otros, en los viajes de los acusados a Francia para «intercambiar impresiones con personas del entorno de ETA», así como diversos documentos.

«Para demostrar que los acusados comparten la lucha armada, la sentencia esgrime como única prueba el hecho de que ‘en ninguna de sus manifestaciones y escritos, de las fechas de producción de los hechos que han sido juzgados, se constata una expresión de condena de la violencia producida por ETA’», expone el experto en Derecho Penal, en un artículo en el diario Público, criticando que «la sentencia se construye a partir de un prejuicio político y de la suma de inferencias lógicas que nacen de dicho prejuicio».

«En efecto, la Audiencia Nacional considera que la izquierda independentista vasca es lo mismo que ETA (tesis que abandera la derecha más reaccionaria) y, a partir de ahí, todas las piezas del proceso son ordenadas de acuerdo con esa identificación», concluye el gurú de Yolanda Díaz, rechazando la posibilidad de una «condena penal» a Otegi.

«Reinserción social»

García Rivas manifiesta sus tesis penales en distintos artículos publicados en medios de comunicación. En ellos, por ejemplo, se muestra crítico con la prisión permanente revisable. En un artículo en El País se mostró partidario de la «reinserción social» de los etarras -a propósito del debate sobre la prisión permanente revisable- y opinó que «sería contrario a la Carta Magna impedirla de manera categórica y con carácter previo al cumplimiento de la condena». «¿Es que hay que recordar, una vez más, que ETA sólo ha asesinado a un presidente del Gobierno y que dicho crimen tuvo lugar en plena dictadura, bajo la amenaza de la pena de muerte?», concluía el artículo.

El catedrático se mostró también contrario a la reforma de la conocida como ley del sólo sí es sí. Así, consideró en la Cadena SER, que la rebaja de las penas para los delitos sexuales no es «en sí mismo bueno ni malo». «¿Queremos que una violación en grupo se castigue como un asesinato? Pues castiguémosla, pero siendo conscientes de que ello perjudica un mandato constitucional que es el de la proporcionalidad de la pena».

En sus intervenciones, deja clara además su posición sobre la condena a los líderes del procés, a quienes califica de «presos políticos». En una entrevista en la Universidad de Jaén consideró que los políticos catalanes fueron a prisión por delitos «ni mucho menos demostrados» y que se utilizaba el Derecho Penal para «segregar y para inhabilitar políticamente a un sector del secesionismo y del independentismo catalán».

Según García Rivas, la actuación policial durante el referéndum ilegal fue «completamente perniciosa». Aseguró además que el Gobierno español habría ejercido «violencia institucional» en cuanto se utilizaron «todas las armas, incluido por supuesto el Ministerio Fiscal (…) de una forma indirecta».

Este experto ha sido uno de los principales autores del documento encargado por Yolanda Díaz para impulsar la amnistía a los dirigentes separatistas condenados, que se presenta este martes en Barcelona.