España
Alfonso Fernández Mañueco es el presidente del Comité de Derechos y Garantías

Las guarderías investigadas en Lezo por blanqueo salpican al candidato del PP en Castilla y León

Una empresaria de guarderías denuncia haber sido “estafada y traicionada” por la esposa de González

Una empresaria “estafada” por la mujer de González se querella contra Podemos por denigrar su imagen

El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha visto salpicado por el caso Lezo después de que una empresaria de guarderías de Salamanca haya solicitado su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Alfonso Fernández Mañueco es el alcalde de Salamanca, presidente del PP en Castilla y León, y sucesor de Juan Vicente Herrera como candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma.

La empresaria Carmen Pazos, propietaria de la cadena de escuelas infantiles Mis Pollitos investigada por blanqueo de capitales en la causa, quiere demostrar su «inocencia» con el testimonio como testigo de Fernández Mañueco. El expresidente madrileño, Ignacio González, aseguró en una grabación intervenida por la UCO que el Grupo Empresarial Chickies SL, constituido por su esposa Lourdes Cavero y la propia Carmen Pazos, tenía prometidas «concesiones públicas en Salamanca».

Chickies se constituyó en diciembre de 2016 y su domicilio social era el despacho profesional del expresidente de la Comunidad de Madrid, situado en la calle Alcalá nº 89 de la capital. La accionista mayoritaria del Grupo era Carmen Pazos. La empresaria quería expandir su negocio de escuelas infantiles a la Comunidad de Madrid y a otras regiones. Se cruzó en su camino Lourdes Cavero y ésta consiguió inversores para el proyecto, que ahora son investigados en Lezo por blanqueo.

Según el escrito presentado por la defensa de Carmen Pazos, al que ha tenido acceso OKDIARIO, «se considera ‘dinero B liberado’ el aportado a la mercantil constituida por Pazos y Cavero, mientras los ingresos en la cuenta de la sociedad por parte de los inversores se realizan en trasferencias acreditadas, se formalizan los documentos oportunos de blanqueo de capital, se revisan por los letrados intervinientes y se refrendan notarialmente, llegándose a la conclusión inicial por una frase desafortunada de González, sacada fuera de contexto y sin referencia alguna a que dicho ‘dinero B liberado’ fuera conocido por Pazos».

«No tenemos datos», añade, «para considerar que el dinero ingresado fuera ‘B liberado’; pero, aún en el supuesto de que a espaldas de nuestra representada se urdiese una trama corrupta, lo que es evidente es el desconocimiento de todo ello por parte de la Sra Pazos, que sólo tiene datos de la licitud del ingreso en cuenta».

«Cavero cumple con la aportación de unos inversores por importes similares, con una ventaja importante para ella, que hace sospechar de sus intenciones al Ministerio Fiscal, pero que de no haber sido aceptadas por la Sra. Pazos no hubiere conseguido la inyección financiera que buscaba, por lo que, de ello, derivar la participación en un delito de blanqueo de capital supone un salto copernicano falto de sustento probatorio suficiente como para mantenerlo en el tiempo, y su porfiado mantenimiento sólo irroga daños innecesarios de difícil o imposible reparación» destaca el escrito.

El abogado de Pazos, Enrique de Santiago, asegura que «no existiendo pruebas de su responsabilidad, y dado que pueden originarse sospechas –no manifestadas expresamente en sede judicial, pero sí refrendadas en ámbitos políticos con la formulación de comisiones de investigación ad hoc y otras actuaciones más ladinas que se encuentran denunciadas- por las afirmaciones de otro investigado, nos vemos en la obligación de desmentir dicho extremo».

Por ello, para «acreditar dichas falacias», solicita la declaración en calidad de testigos de aquellos nombrados por González en referencia a nuestra clienta, su empresa y/o su proyecto de expansión en común con la Cavero», es decir, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y el concejal del mismo consistorio, Enrique Sánchez Guijo.

Finalmente, el grupo empresarial Mis Pollitos no se presentó al concurso público de guarderías y el Ayuntamiento de Salamanca no le hizo ninguna adjudicación.

La esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, en la Audiencia Nacional (Foto: Efe).

Por otro lado, la defensa de la empresaria de guarderías también denuncia que el pasado 25 de enero tenía «conocimiento, por vez primera y por auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca», que el Grupo Empresarial Mis Pollitos S.L. también es investigado por blanqueo de capitales».

El letrado manifiesta que «es la primera información, recibida por Carmen Pazos, administradora de la mercantil Grupo Empresarial Mis Pollitos, de la imputación de la sociedad que NUNCA HA SIDO INFORMADA de tal investigación, generando una manifiesta indefensión y una posición procesal irregular que ahonda en la vulneración de los Derechos Fundamentales que denunciamos en el presente, al incumplirse el artículo 118 de la Ley Procesal Penal».