Golpistas, acusados de terrorismo…: ¿Quiénes y cómo se benefician de la Ley de Amnistía de Sánchez?

La proposición de ley de amnistía aprobada en el Congreso está diseñada a medida del independentismo catalán, 9-N y 1-O incluidos, para beneficiar de forma directa a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

Esta Ley de Amnistía se ha marcado en rojo en la agenda del Congreso desde hace meses entre las imposiciones de los independentistas a Pedro Sánchez a cambio de apoyarle para que pudiera mantenerse en La Moncloa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que no ha dudado en felicitarse a sí mismo por la gran concesión de Pedro Sánchez al independentismo, ha reconocido que ampararía a 372 personas.

Puigdemont, Junqueras y Mas

Carles Puigdemont. El dirigente de Junts y ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos en los tribunales. En el Supremo, está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Contra él pesa una orden de detención nacional, pero la euroorden ha quedado desactivada.

Es uno de los 35 ex altos cargos catalanes que en noviembre ha sido juzgado en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés. La Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana les pide hasta cinco millones de euros.

Y, por último, el Supremo ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo enmarcados en los disturbios provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés. La magistrada instructora Susana Polo tiene pendiente citarle a declarar como investigado.

Oriol Junqueras. El líder de ERC y ex vicepresidente catalán ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación. En junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó el delito de sedición, una de las primeras imposiciones del independentismo a Pedro Sánchez. También fue juzgado en el Tribunal de Cuentas.

Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés, que también se beneficiarán de la Ley de Amnistía.

Prófugos del 1-O

Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el Tribunal Supremo por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra. Y fue otro de los juzgados por el Tribunal de Cuentas.

Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de las juzgadas por el Tribunal de Cuentas.

Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el Tribunal Supremo por desobediencia y malversación. El instructor del procés tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para este fin. También ha sido juzgado por el Tribunal de Cuentas.

Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece prófuga en Bélgica, está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Por ello, necesita la Ley de Amnistía. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic.

Condenados por el procés

Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el Tribunal Supremo a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Son parte de los juzgados por el Tribunal de Cuentas. Por ello, necesitan la Ley de Amnistía.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el de Òmnium Cultural, respectivamente, fueron condenados por el Tribunal Supremo a nueve años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal, sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, un cambio que supuso la extinción de sus inhabilitaciones.

Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Sus penas de cárcel fueron indultadas por el Gobierno y sus casos examinados tras el último cambio del Código Penal, lo que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación implicó la extinción total de sus penas de inhabilitación.

Las rebeldes

Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por un delito de desobediencia por su supuesta participación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, el año pasado se presentó en el alto tribunal, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar ya aforada. Por ello, se ha marcado en rojo su nombre para ser beneficiada por la Ley de Amnistía.

Meritxell Serret. La consejera de Acción Exterior de la Generalitat también se entregó al Supremo regresando desde Bélgica en 2021 y el pasado abril fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por su participación en la organización y celebración del 1-O.

Voloh, los preparativos y el escolta

Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por el caso Voloh, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También forman parte de los imputados de Tsunami Democràtic.

Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana de Cultura, el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern, respectivamente, están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

Miquel Buch. El ex consejero de Interior fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para escoltar a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155.

Lluís Escolá. Condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

Los 12 CDR y Tsunami Ddemocràtic

Los CDR. La Audiencia Nacional propuso juzgar a los 12 miembros procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Tsunami Democràtic. Plataforma independentista por los disturbios que presuntamente habría organizado tras las condenas por el procés en 2019, como el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en vía Layetana.

Ruben Wagensgberg. El diputado de ERC en el Parlament contra quien el Supremo abrió causa por presunto terrorismo.