El Gobierno vasco valora la «ausencia de adicciones» y no el arrepentimiento para excarcelar a los etarras

En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con el PNV la transferencia de la competencia de prisiones. Desde entonces, se ha producido un incesante goteo de excarcelaciones de etarras, bien por la vía del tercer grado o del artículo 100.2, que las asociaciones de víctimas califican de «amnistía encubierta». El Gobierno Vasco flexibiliza el régimen penitenciario de los presos de ETA con criterios que poco o nada tienen que ver con el arrepentimiento de sus actividades delictivas, como la «ausencia de adicciones», «el buen uso de permisos y salidas» o el «apoyo familiar».

El último etarra beneficiado con el tercer grado es Jon Bienzobas, condenado, entre otros, por el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Acumula penas que suman 266 años de prisión por varios atentados, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir su semilibertad. Sólo tendrá que acudir a dormir a la cárcel.

La asociación de víctimas Covite ha tachado de «fraudulento» este tercer grado. Para ponerlo en libertad se ha valorado su «buena conducta penitenciaria», la «evolución favorable tras periodos de inadaptación», el «apoyo familiar», una «oferta laboral contrastada», la «motivación favorable al desarrollo personal» y el «abono parcial de la responsabilidad civil».

«Reconstruir los puentes»

El etarra escribió una carta para poder salir de la cárcel, en la que plasmaba sus «reflexiones» durante los «últimos años» en prisión. En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Bienzobas asegura ser «consciente» de que sus acciones «provocaron consecuencias muy graves e irreparables a las familias de Francisco Tomás y Valiente y Rafael San Sebastián Flechoso» y expresa su interés en «reconstruir los puentes rotos para poder avanzar en una convivencia en paz y democráticamente».

Las víctimas lamentan que en esas cartas tipo, prácticamente idénticas en todas las excarcelaciones, los etarras no piden perdón ni tampoco se muestran dispuestos a colaborar con la Justicia para esclarecer los 370 asesinatos aún pendientes.

Desde la consejería de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, en manos de la socialista María Jesús San José, se defiende que esta flexibilización penitenciaria está recogida en el ordenamiento jurídico. Pero ahí está también la trampa, como recuerda la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, porque con la misma ley «también podría adoptarse la decisión contraria». Nada obliga a conceder los terceros grados o a aplicar el artículo 100.2. Más aún cuando no existe ningún gesto de arrepentimiento ni de desvinculación del entorno proetarra.

Los criterios para conceder las semilibertades son de lo más variopintos, pero alejados siempre del arrepentimiento real y, más aún, de la colaboración para tratar de esclarecer los crímenes de ETA.

«Desempeño adecuado de destinos», «buen uso del permiso y las salidas», «apoyo familiar», «cualificación laboral», «ausencia de adicciones», «posibilidades de empleo u otra ocupación», «hábitos laborales»… son algunas de las «circunstancias relevantes en su evolución personal» que se valoran en los informes para justificar el acceso al tercer grado.

Más flexible es aún la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite eludir los requisitos específicos del tercer grado. En marzo, esta vía permitió la salida de la prisión de Martutene de una de las históricas dirigentes de ETA, Soledad Iparragirre, Anboto, condenada a casi 800 años de cárcel y vinculada a 14 asesinatos. Ese mismo artículo 100.2 ha beneficiado a otro líder de la banda, Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, con penas que suman 400 años de cárcel por una veintena de intentos de asesinato y actos terroristas.

Una veintena de presos de ETA disfrutan actualmente de esa medida de flexibilización, que les permite salir de la cárcel acreditando que van a trabajar, recibir algún tratamiento o realizar labores de voluntariado.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de prisiones, el Departamento vasco de Justicia ha aplicado el 100.2 a 142 reclusos, de los que 48 estaban vinculados a ETA, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico. El Gobierno Vasco ha concedido 119 terceros grados que corresponden a 97 presos de ETA.