El Gobierno vasco triplica la frecuencia de los permisos como el denegado por el juez a ‘Anboto’ desde que controla las cárceles

El Gobierno vasco, de coalición entre PNV y PSOE, ha triplicado la frecuencia con la que se conceden permisos a etarras desde que tiene las competencias en política penitenciaria. El Ejecutivo autonómico ha otorgado casi los mismos beneficios de semilibertad en los últimos 5 años que la Administración central concedió entre 2003 y 2021. Se trata de permisos como el denegado por el juez a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ex jefa militar de ETA condenada a más de 700 años tras 14 asesinatos.

El Ejecutivo central ha admitido en una respuesta parlamentaria que, entre 2003 y septiembre de 2021, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concedió la semilibertad a 56 etarras a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el País Vasco recibió la competencia de prisiones, se han concedido un total de 142 permisos basados en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. De ellos, 49 han sido para etarras. Es decir, sólo 7 menos que los que se otorgaron en casi 20 años, cuando las competencias eran del Gobierno central.

Es decir, que durante los primeros 18 años, se otorgaban una media de 3 concesiones de semilibertad a etarras cada doce meses con base en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Sin embargo, desde que la política penitenciaria es competencia del Gobierno vasco, se han entregado una media anual de casi 10 permisos a etarras.

Los etarras, principales beneficiados

El artículo 100.2 permitió otorgar la semilibertad a etarras como Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, o a Jon Bienzobas, conocido como Karaka.

La fórmula se justificó alegando la necesidad de que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado. Para ello, se exige al preso la creación de un plan de ejecución en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

En estos casos, la medida la propone la Junta de Tratamiento de la prisión en la que se encuentra el reo y, posteriormente, debe autorizarla el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Además, el tribunal sentenciador debe prestar su aprobación, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

En un primer momento, este beneficio penitenciario también se le entregó a Anboto. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Castro, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad a la ex jefa de ETA y a Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

El magistrado argumentó que la aplicación de ese artículo «exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado».

En sus autos, el juez propone al legislador que modifique el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. A ojos del magistrado, con la actual redacción los etarras podrían beneficiarse de terceros grados encubiertos.

Resultado del pacto PSOE-Bildu

Las asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia criticaron que la aplicación de este artículo a etarras como Txeroki o Anboto (finalmente corregida por la Audiencia Nacional) era «el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa».

«Los etarras salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia. Hay 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas que han sido liberados ha ayudado a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas», recriminaban a la asociación.

La competencia de la política penitenciaria entra dentro de la consejería de Justicia y Derechos Humanos, que actualmente, en el Gobierno autonómico de Imanol Pradales, encabeza la socialista María Jesús San José. En el Ejecutivo anterior de Iñigo Urkullu, esa responsabilidad recaía sobre dirigentes del PNV, primero con Beatriz Artolazabal y luego con Nerea Melgosa.

El PP ha pedido esta misma semana la dimisión de San José por «incumplir la ley» al aplicar un «trato de favor» a los presos de ETA. «Son una amnistía encubierta», denunció el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, señalando que está motivada por «los compromisos que ha adquirido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu, como consecuencia, también con ETA».