El Gobierno troceó el mayor contrato de la pandemia de 263 millones para adelgazar el pelotazo

FCS Select Products S.L. es la empresa que dio el mayor pelotazo con los contratos de material covid firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Fueron 263 millones de euros en mascarillas quirúrgicas -y una partida de guantes y gafas- entregados a una empresa que prácticamente ha desaparecido y ni siquiera ha entregado sus cuentas. Sorprendentemente, el Ministerio de Sanidad dividió aquel pelotazo en cuatro contratos diferentes… que se firmaron el mismo día y con la diferencia de un segundo.

Un mismo producto (mascarillas quirúrgicas), un mismo suministrador (FCS Select), un mismo cliente (el Ministerio de Sanidad) pero cuatro actas de resolución y cuatro contratos diferentes. Eso sí, firmados, todos, el 23 de marzo de 2020 a las 15:13 horas.

Cada uno de esos documentos fue firmado en el lapso de apenas un segundo, tal y como quedó reflejado en la firma digital que acompaña el Código Seguro de Verificación (CSV), que aporta transparencia a los contratos firmados por el Gobierno incluso a pesar del velo que cayó sobre la contratación pública una vez declarado el estado de alarma.

Las cuatro memorias justificativas del contrato están firmadas por Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia. Una de los altos cargos del ministerio de Salvador Illa que está imputada por prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos covid. Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años.

Contratos formalizados en octubre

Así figura en la Plataforma de Contratación del Estado, donde resaltan los cuatro contratos vinculados al CIF de FCS Select Products (B65805657). Los documentos de adjudicación y formalización tienen fechas muy posteriores a la recepción de las mascarillas: junio y octubre. Sin embargo, los millones de protecciones fueron adquiridas, recibidas y distribuidas por el Gobierno por ayuntamientos de toda España ya en marzo y en abril. Y lo más importante, también pagadas: el contratista exigió por contrato el pago adelantado de los 263 millones de euros. Todas y cada una de las mascarillas.

De esa manera, con el troceo en cuatro del contrato, la adquisición a FCS Select queda diluida en cantidades ‘menores’: en vez de un megacontrato de 263 millones, en las cuentas del Estado figuran cuatro de 143,9 millones, 77,1 millones, 29,8 millones y 12 millones de euros. A ello hay que sumarle el IVA.

La firma, con sede en Cataluña, pasó de facturar apenas un millón de euros a multiplicar por 200 sus ingresos. Ahora está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Un detalle que hace sospechar a los investigadores: desde que pegó el ‘pelotazo’ de las mascarillas, no ha vuelto a presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil, y ha sido sancionada por ello.

Sin cuentas desde 2020

El pelotazo de los 263 millones de euros en mascarillas disparó los ingresos de la compañía en ese 2020 y, desde entonces, no hay constancia ninguna de que haya mantenido su actividad empresarial. Según ha podido constatar OKDIARIO en una consulta al Registro Mercantil, la firma no ha presentado sus cuentas, como le obliga la ley, desde que cerró aquel negocio multimillonario. Ni las correspondientes a 2020 ni las de 2021. La última de las cuentas presentadas, de 2019, reflejan unas ventas totales de 1.141.726 euros, con un resultado neto de 65.350 euros.

De hecho, esta situación ha provocado que la compañía haya sido sancionada. Así lo alertan los informes de riesgo comercial que pesan sobre la empresa, que advierten que ha sido «objeto de un cierre de hoja registral, según el artículo 378.1 del reglamento del Registro Mercantil, debido al incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas».

En la práctica, esta sanción le impide cualquier tipo de anotación o actualización ante el Registro y puede llevar aparejada una multa de hasta 300.000 euros (para empresa que facturen más de 6 millones de euros, como es el caso de FCS Select). Además, en esa situación no podría contratar con la administración pública, la misma que le ha reportado a los propietarios el negocio de sus vidas.