El Gobierno prepara una ley para proteger a «sindicatos y artistas» ante demandas «infundadas»

El Gobierno prepara una nueva batería legislativa, a través de leyes y decretos, para desarrollar a lo largo de este año. El nuevo Plan Normativo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge varias iniciativas que siguen la senda del ataque a la Justicia y los medios que el Ejecutivo lleva perpetrando desde hace meses, especialmente al arreciar los casos de corrupción que cercan al entorno personal y político de Pedro Sánchez. Entre ellas, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, intentará aprobar una Ley para la «protección de las personas frente a las demandas estratégicas contra la participación pública».

Esta iniciativa recuerda a la proposición de ley que el Partido Socialista tiene registrada en el Congreso de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Una propuesta que tiene como objetivo impedir la acción popular y que fue registrada en enero, en plenas investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez, entre otras. La iniciativa, que impide, por ejemplo, abrir procesos penales con querellas basadas en informaciones periodísticas, supondrá la cancelación de las causas ahora abiertas, y complica ejercer la acción popular, que dio lugar precisamente a los procedimientos contra el entorno del presidente.

La ley que recoge el nuevo Plan Normativo se enmarca en la misma ofensiva. El Gobierno se ampara en una directiva comunitaria -Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024- para proteger a  «las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas», esto es, dice, «demandas estratégicas contra la participación pública».

«La Directiva tiene por objetivo eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procesos civiles, al tiempo que se protege a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la participación pública en asuntos de interés público, incluidos periodistas, editores, organizaciones de medios de comunicación, denunciantes de irregularidades y defensores de los derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, ONG, sindicatos, artistas, investigadores y académicos, frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas de la participación pública». El Ejecutivo aclara que la directiva europea «establece una serie de garantías pero los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables».

En la directiva comunitaria se establece que «las demandas estratégicas suelen ser interpuestas por entidades poderosas, como particulares, grupos de presión, empresas, políticos y órganos estatales, en un intento por silenciar el debate público. En ellas se da a menudo un desequilibrio de poder entre las partes, ya que el demandante dispone de un mayor poder financiero o político que el demandado».

Por «participación pública», se entiende «el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, la libertad de las artes y de las ciencias o la libertad de reunión y de asociación, y que ataña a asuntos de interés público actuales o futuros, incluidas la creación, la exposición, la publicidad, u otros tipos de promoción de comunicaciones, publicaciones o trabajos periodísticos, políticos, científicos, académicos, artísticos, de comentario o satíricos, y actividades de mercadotecnia».

Contra la prensa

El Plan Anual también recoge algunas de las iniciativas que ya ha ido anunciando el Gobierno para poner coto a las informaciones críticas.

Entre ellas se incluye como destacada la Ley de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El Ejecutivo alega que esta ley es necesaria para «actualizar la normativa vigente, para adaptarla a los nuevos medios de comunicación personal y profesional de una sociedad globalizada, así como mejorar la protección frente a los efectos que, de manera inmediata y permanente, pueden producirse con estos medios; garantizando así una tutela real y efectiva de los derechos fundamentales afectados, salvaguardando a su vez la libertad de información y de expresión».

Pedro Sánchez anunció esta ofensiva contra la prensa crítica tras conocerse la imputación de su mujer Begoña Gómez por sus negocios en la Universidad Complutense y el Instituto de Empresa, y la investigación a su hermano, David Sánchez, por su contrato en la Diputación de Badajoz.