El Gobierno lamenta no tener mayoría en el Senado para aplicar el 155 a Ayuso como se hizo con Puigdemont

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 04/02/2026 11:30
  • Actualizado: 04/02/2026 13:28

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado no tener mayoría absoluta en el Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid y obligarla a implementar la Ley de Vivienda. «Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo mayoría en el Senado para hacerlo», ha dicho textualmente en una entrevista en el programa de Silvia Intxaurrondo en RTVE.

La titular de Vivienda, que tiene al menos siete propiedades inmobiliarias, (tres pisos, dos plazas de garaje y dos trasteros) todas ellas en la provincia de Ciudad Real, ha puesto como ejemplo Navarra, donde el mercado ha sido intervenido, para argumentar que el control de precios permite limitar la subida del alquiler. «Eso no pasa en Madrid porque no quiere», en alusión al Ejecutivo de Ayuso.

El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 permite al Gobierno adoptar medidas forzosas para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales o legales, o si actúa gravemente contra el interés general. Requiere un requerimiento previo al presidente autonómico, la aprobación del Senado por mayoría absoluta y medidas proporcionales.

Rechazo de Ayuso

El PP llegó a llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda de Sánchez y el año pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicó detalladamente por qué rechazaba esta Ley.

Entre otras medidas, la Ley de Vivienda del Gobierno impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

El consejero de Presidencia del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha afeado las palabras de la ministra tras el Consejo de Gobierno.

«Para no gustarle el modelo de vivienda de Madrid no deja de visitar las promociones de viviendas de la Comunidad Madrid. Mañana se nos ha acoplado a la visita de una promoción en Aranjuez porque como no puede visitar las suyas, pues se acopla con nosotros para hacerse la foto», ha señalado.

«Las viviendas de Sánchez no las puede visitar porque el modelo de hacer viviendas del Gobierno es el de las excavadoras a tiempo parcial, las 180.000 viviendas que prometió Sánchez son una estafa», añadía.

Por su parte, secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que la ministra «demuestra una indigencia intelectual, un vicio totalitario y una obsesión permanente y enfermiza con la Comunidad de Madrid».

«Madrid no está incumpliendo ninguna ley, porque si lo hiciera el Gobierno lo denunciaría frente a los tribunales. Aquí lo que ocurre es que la vivienda es una competencia compartida, y la legislación del Estado llega hasta donde llega», explicaba.

Desde el PP siempre han mantenido que las medidas adecuadas, en vez de intervenir el Estado, sería conceder «incentivos adecuados» para que haya suelo urbanizable y reducir los plazos de la burocracia para poder entregar viviendas. «Hay que reducir ese plazo de una manera extraordinaria», señalaba a este respecto el PP. «Fijar los precios ya lo hizo Franco», añadían fuentes populares.

155 a Puigdemont

En 2017, el PSOE apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ante la declaración de independencia proclamada por Carles Puigdemont en el parlamento catalán.

En aquel entonces, Rajoy le dio ocho días de plazo a la Generalitat para rectificar su postura y para que aclarase si realmente declaró la independencia de Cataluña. Mientras los socialistas blindaron su apoyo al 155 a cambio de abrir una reforma de la Constitución en los siguientes seis meses, y el líder de Ciudadanos en ese momento, Albert Rivera, exigió aplicarlo ya para convocar elecciones, Podemos optó por aceptar el diálogo que pedían los secesionistas.