El Gobierno gastará 3,4 millones en propaganda para buscar el voto de los pensionistas

El Gobierno tiene previsto gastar 3.425.000 millones en una campaña de comunicación «para la difusión de acciones formativas sobre pensiones». El objetivo, según el plan de comunicación institucional del Ejecutivo, es «dar a conocer e informar a los usuarios y el público en general de los cambios en las pensiones». La campaña, dirigida por el Ministerio de Inclusión, se difundirá en los principales soportes de comunicación a lo largo del año e irá dirigida a la «tercera edad, trabajadores, empresarios y autónomos prestatarios».

El departamento de José Luis Escrivá también dedicará otro importe relevante -2,4 millones- a la difusión del «ingreso mínimo vital». Estas son las dos grandes campañas que realizará este Ministerio.

La reforma del sistema de pensiones es uno de los grandes objetivos del Gobierno y ha provocado las críticas de los jubilados. Hace unos días, centenares de pensionistas salieron a la calle contra estas reformas por mermar su poder adquisitivo y para pedir que se revisen de acuerdo al IPC real, como se venía haciendo antes de la reforma. Los pensionistas reclamaron también al Gobierno que se compensase la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en 2021.

La vinculación de las pensiones al IPC, derogando el factor de sostenibilidad del Gobierno del PP, permitirá al Gobierno ahorrarse 4.800 millones. O dicho de otra manera, cada pensionista pierde 500 euros por la diferencia entre la subida de los precios y el alza de la prestación. La reforma de las pensiones desprecia además las peticiones de la Unión Europea de tomar medidas que garanticen la sostenibilidad de nuestra Seguridad Social. De hecho, las nuevas medidas agravan su déficit y hacen inevitable una rebaja de las pensiones en el futuro. De hecho, el Gobierno deberá afrontar ahora una de las fases más duras de la reforma, con el objetivo de ajustar el gasto, como exige Bruselas para conceder los fondos europeos. Entre esas medidas se recoge el aumento del periodo de cálculo, más allá de los 25 años. Una propuesta polémica que ya provocó críticas en su día entre los socios del Gobierno de coalición.

Esta semana, el ministro José Luis Escrivá admitió que hay que «satisfacer» la recomendación del Pacto de Toledo de buscar «fórmulas» para que el sistema de pensiones sea «más equitativo» y tenga en cuenta «nuevas realidades» en el mercado laboral, y señaló que «no necesariamente» se va a plantear un incremento del periodo de cálculo.

Escrivá señaló que los últimos años de cotización «no son necesariamente los mejores» en el caso de hasta un 30% de los asalariados, lo que lleva a su juicio a que hay que analizar «fórmulas» con los agentes sociales para plantear un «paquete completo de elementos», orientado a articular un sistema de pensiones «más equitativo», pero «donde el periodo de cálculo puede, o no, ser un elemento de discusión».