El Gobierno gasta 350.000 euros en alardear de las bondades de la Agenda 2030 en catalán y en vasco

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé gastar más de 350.000 euros en alardear de las bondades de la Agenda 2030 en las lenguas cooficiales, es decir, en catalán, vasco, gallego y valenciano, además de en inglés. El Ejecutivo traducirá a esas lenguas los trabajos y los informes que produce la Dirección General de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, de Sumar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a principios de esta semana la licitación de un contrato de la subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales. El objeto de esta contratación es la «traducción al idioma inglés y viceversa y a distintas lenguas cooficiales del estado (euskera, catalán, gallego y valenciano) de trabajos e informes de la Dirección General de Agenda 2030».

Tal y como refleja la memoria justificativa de este contrato, el Gobierno pretende contratar un «servicio de traducción» para «la difusión y el conocimiento de la implementación de la Agenda 2030». Esos textos se pasarán de la lengua originaria, es decir, el español, «al idioma inglés y resto de lenguas cooficiales del estado –euskera, catalán, gallego y valenciano-«, indica el escrito.

El Ministerio de Pablo Bustinduy tiene el objetivo de contratar un servicio para «el conocimiento por parte de la ciudadanía, de la implementación de la Agenda 2030 y de la contribución de España a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030».

La licitación persigue la «traducción de la producción documental de la Dirección General de Agenda 2030». Esta institución posee las competencias para «el diseño, elaboración y evaluación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por España de la Agenda 2030 y, en concreto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030».

Más concretamente, concierne a esa Dirección General el impulso y elaboración de los «informes sobre la implementación de las políticas palanca». También se encarga de «la difusión de los avances y retos pendientes en materia de cumplimiento de la Agenda 2030».

El trabajo, como se indica en el pliego de condiciones técnicas, se desarrollará, en principio, a lo largo de 2025. Sin embargo, el propio contrato prevé una prórroga por tres años más, es decir, hasta 2029. El gasto total, incluyendo esas posibles ampliaciones, se eleva hasta los 354.750,10 euros, según el pliego de cláusulas administrativas del contrato.

Se prevé que el coste por traducir cada palabra será de 11 céntimos cada una. Y contabilizan que tendrán que pasar al inglés 444.444 palabras, mientras que tendrán que traducir 54.166 a cada una de las lenguas cooficiales (vasco, catalán, gallego y valenciano). Por tanto, en total se presupuesta la traducción de 661.110 palabras.

Contra las ‘fake news’

No es el primer gasto del Gobierno destinado a asegurar que su mensaje sobre esta materia cale entre los españoles. El Ejecutivo destinó 1,2 millones de euros a la campaña Una Agenda 2030 para toda la ciudadanía, entre cuyos objetivos estaba combatir la «desinformación» sobre estas políticas que, según sostiene el Ejecutivo, es empleada por «políticos» de la oposición. La cartera de Bustinduy adjudicó en verano un contrato para el servicio de creatividad de una campaña de publicidad incluida en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional que Presidencia elaboró para 2024.

Concretamente, se trata de un «servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de publicidad institucional dirigida a generar un consenso social positivo sobre la Agenda 2030 que permita despolitizar y contrarrestar la información y mensajes no veraces sobre la misma que existen en la actualidad entre la opinión pública española», tal y como rezaban los pliegos del expediente consultado por OKDIARIO. Para ello, se contrató, por 87.668,41 euros, impuestos incluidos, a la empresa Onda Mediaplan SL. Un segundo contrato alude a la inserción de la publicidad en televisión, radio, prensa, revistas, Internet y exteriores y se tramitará más adelante. El coste de este último servicio se elevará hasta los 1,2 millones de euros, tal y como indica el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del Ejecutivo para 2024.