El Gobierno desconoce la edad y nacionalidad de los 4.400 menas que repartirá a las comunidades

El acuerdo entre el Gobierno y Junts para el reparto de 4.000 menores inmigrantes que actualmente están en Canarias, y otros 400 en Ceuta, ha provocado una gran polémica por su desigual distribución entre las comunidades autónomas. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que en estos momentos no dispone de información sobre la nacionalidad ni sobre la edad de los menas que pretende repartir entre estos territorios.

«Actualmente, no se dispone de los relativos al número, edad y procedencia exacta de personas menores de edad extranjeras no acompañadas que se van a distribuir por el territorio español. Dicha distribución se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en el artículo 35 bis y ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducidos por el citado Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo», asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Este decreto establece distintos criterios para determinar este reparto, según el número de «niñas y niños», la renta per cápita, la tasa de paro, el «esfuerzo en atención a personas menores no acompañadas» o la saturación de sus sistemas de acogida. El Ejecutivo ha establecido una fórmula según la cual más de 800 menas irían a la Comunidad de Madrid, por apenas 20 o 30 a Cataluña.

Sin embargo, una de las mayores polémicas que rodea este decreto es la determinación de la edad: el Ejecutivo trasladará a las comunidades autónomas a inmigrantes aunque no tenga la «seguridad» de que son menores. El texto recoge que «declarada la situación de contingencia migratoria extraordinaria, si se localiza a una persona menor extranjera no acompañada se realizarán las actuaciones contenidas en el Protocolo Marco con las especialidades y plazos recogidos en este artículo.

Tanto si su minoría de edad es indubitada, como si se trata de personas menores de edad extranjeras no acompañadas indocumentadas cuya minoría de edad no pudiera ser establecida con seguridad, se procederá a realizar su reseña inmediata o a la mayor brevedad posible, y a su inscripción, si no estuvieran ya inscritos, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados dentro de las veinticuatro horas siguientes desde que se realice esta reseña en la que se refleje la minoría de edad de la persona extranjera no acompañada, acreditada ésta o no». 

El PP pide explicaciones

La pasada semana, el PP anunciaba que pedirá la nulidad de la conferencia sectorial sobre menores migrantes, ya que se ha negado a las comunidades votar y realizar aportaciones acerca del contenido del real decreto para el reparto y ha calificado la reunión de «sainete» que «consagra la mayor infamia» del Gobierno ante esta crisis migratoria.

Así lo manifestaba la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en representación de las comunidades del PP al término del cónclave, presidido por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Según Dávila, las comunidades del PP querían manifestar su postura votando, ya que «es lo que corresponde a un acuerdo de conferencia sectorial», algo que se les ha «negado».

«Hemos vivido un sainete que consagra la mayor infamia del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al reparto de menores extranjeros no acompañados», ha expresado, al tiempo que ha reiterado que la conferencia se ha celebrado por «un mero procedimiento», ya que así lo prevé el real decreto sobre menores migrantes.

La consejera madrileña reiteraba que, aunque en la reunión no se haya hablado de cifras, se trata de un reparto de menores «absolutamente arbitrario y forzoso» e insistía en que el PP ha reclamado «en varios ocasiones» que se permitiese una votación sobre los términos del real decreto.

Por ello, el PP estudiará con sus servicios jurídicos «las medidas que sean oportunas para adoptar la nulidad» de la conferencia y ha apuntado que, además, las comunidades «están en proceso de la adopción de las medidas» para recurrir el real decreto ante el Tribunal Constitucional.