El Gobierno desconoce a cuántos violadores se les han rebajado condenas gracias a su ley del ‘sí es sí’

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que desconoce el número de violadores que han visto reducidas sus penas por la aplicación de la conocida como Ley del sólo sí es sí de Irene Montero. Los últimos datos, proporcionados hace más de un año por el Consejo General del Poder Judicial, elevaban a 1.233 los presos que se han beneficiado de esta ley, de los cuales, 126 habían sido excarcelados. Sin embargo, esta cifra no se ha vuelto a actualizar, dado que, según el Ministerio de Justicia liderado por Félix Bolaños, no cuentan con datos.

En el Registro Central de Penados se registran las modificaciones de condena que han adquirido firmeza. «Los órganos judiciales no inscriben el motivo de dicha modificación. En consecuencia, no se puede facilitar información exacta sobre el número de personas a las que se les ha rebajado la pena tras la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual», asegura el ministerio de Félix Bolaños en una respuesta parlamentaria a Ione Belarra.

Del mismo modo, el Ejecutivo reconoce que no cuenta con registros de los violadores que han cambiado de sexo, utilizando la Ley Trans que aprobó la ex ministra de Igualdad  Irene Montero, para tratar de eludir la ley de protección contra la violencia de género. De esta forma, el Ejecutivo no mantiene un control sobre los delitos sexuales cometidos antes del cambio de sexo, ni tampoco dispone del dato de cuántos tenían historiales clínicos psicológicos o habían cometido agresiones y delitos sexuales con anterioridad.

«En el Sistema Estadístico de Criminalidad no existen variables por las que preguntan en su iniciativa», ha manifestado el Ejecutivo de Sánchez, en una respuesta oficial por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La iniciativa a la que se refiere es una pregunta de Vox, que ha preguntado «qué cantidad de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres han sido cometidas realmente por hombres biológicos en los últimos cinco años».

Además, el Gobierno tampoco ha podido aportar datos sobre si las personas que cambiaron de sexo utilizando la Ley Trans, tenían historiales clínicos psicológicos o habían cometido agresiones y delitos sexuales con anterioridad. El Ejecutivo de Sánchez ya reconoció anteriormente no disponer de un registro de los maltratadores, alegando que los distintos Registros Civiles no comunican información al Sistema VioGén, por lo que esta Administración Central no dispone del dato solicitado.

Difusión de datos de mujeres violadas

El Ministerio de Igualdad ha tardado dos años en corregir un «error» en la conocida como Ley del sólo sí es sí que afectaba a la difusión de los datos personales de las mujeres víctimas de una agresión sexual. El Ejecutivo ha aprovechado la tramitación de la Ley de Paridad -que entró en vigor este jueves- para introducir la corrección por la puerta de atrás en la citada ley, aprobada ya en 2022. En concreto, se ha modificado «el apartado cuatro de la disposición final primera» de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que, a su vez, modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su primera versión, la Ley del sólo sí es sí figuraba así: «Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de esta ley, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta».

Con la referencia al «artículo 3 de esta ley» se remitía a la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero no a la Ley del sólo sí es sí, como era intención del legislador. El artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no hace referencia alguna a las víctimas de los delitos sexuales. Por ello, Igualdad ha tenido que corregir esa alusión para puntualizar: «Queda prohibida la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual».