El Gobierno contrata seguridad urgente en los centros de inmigrantes por riesgo de «revueltas violentas»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 19/01/2024 06:45
  • Actualizado: 19/01/2024 12:14

El Gobierno se apresura a contratar un servicio de seguridad para varios centros de inmigrantes de todo el país ante el riesgo de que se produzcan altercados y ante la negativa de la empresa que actualmente ofrecía esta prestación a prorrogar el contrato. Las licitaciones se iniciaron el pasado mes de octubre y han continuado a principios de este año, como ha confirmado este periódico.

Concretamente, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio publicidad a un nuevo contrato para el centro de refugiados Alcobendas (Madrid). Lo más llamativo es la situación de «riesgo» y «violencia» que el propio Gobierno describe en la documentación, y que choca con su mensaje sobre la inmigración.

«Robos, peleas, abusos…»

En la memoria justificativa, consultada por este periódico, se apunta incluso a la posibilidad -por «experiencia»- de que «se genere un conflicto o altercado colectivo, incluso una revuelta violenta». Se habla también de la necesidad de «evitar incidentes y proteger a las personas que son víctimas de robos, peleas, abusos, discusiones y amenazas».

«Este centro acoge a personas de varias nacionalidades. La convivencia de los distintos colectivos puede llevar a la necesidad de intervenciones y mediaciones permanentes por parte de los diferentes profesionales en contacto con los residentes que, cuando no logran dar una salida dialogada al conflicto, precisan de la intervención del personal de seguridad preventivamente, con el fin de evitar situaciones de violencia y riesgos para las personas», se subraya en el documento, firmado por Migraciones.

La situación de riesgo descrita por el propio Gobierno en estos centros -dedicados a la estancia de refugiados y, por tanto, aún con menos plazas que los centros de inmigrantes- contrasta con el discurso que se lanza desde el Gobierno y que oculta esta realidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó esta semana una advertencia al Gobierno central por el traslado de 1.200  inmigrantes desde las Islas Canarias a la localidad madrileña de Alcalá de Henares, denunciando la dejadez de funciones del Ejecutivo y el «auténtico caos» generado en el municipio. Ayuso apuntó a «varias reyertas graves» en ese centro de acogida, «peleas», además de «un brote de sarna» y «denuncias por agresiones sexuales» a mujeres de la localidad. Ayuso volvió a acusar a Interior de trasladar «de tapadillo por las noches» a estas personas a las comunidades gobernadas por el PP.

Desde el Ejecutivo madrileño han remitido este jueves la fotografía del parte de una de las denuncias por la agresión a una mujer, explicando que el 11 de diciembre se registraron dos llamadas al 112, dándose traslado a la Policía Local de Alcalá.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han salido en tromba a atacar a Ayuso, rechazando sus acusaciones y tratando de ocultar la situación de los centros de inmigrantes. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado de «impresentable» lo que, en su opinión, es una «criminalización de la inmigración» por parte de Ayuso. Por su parte, la ministra de Igualdad ha llamado «racista» a la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha acusado de «generar odio» por alertar de la situación. «No se puede relacionar la inmigración con la violencia, porque eso genera odio y un muro entre la sociedad», aseveró Ana Redondo.

En los pliegos de los contratos, el Gobierno admite la particular situación de los residentes en los centros de inmigrantes, destacando que «han sido objeto de abusos y violencia y de múltiples avatares en los viajes migratorios», lo que «conlleva que presenten cuadros de ansiedad frecuentes, depresión, estrés postraumático y otros síndromes que dificultan su convivencia y limitan su capacidad de reacción y sociabilidad».

«Además de ello sufren durante meses la espera respecto a su futuro, ya que la respuesta a su solicitud de protección se demora un año o más. La situación se ve agravada por la carencia de apoyos familiares o redes sociales, incluso por el abandono de sus familias en el país de origen u otro tercero y la dificultad o imposibilidad de comunicarse y/o reunificarse». De ahí, señalan desde el Gobierno, que «están presentes en muchas ocasiones conductas reactivas, tensiones o reacciones personales con una importante carga de crispación y exasperación que requieren de una intervención social y psicológica a efectos de su estabilización y resocialización en orden al cumplimiento de las normas y del respeto a la convivencia».

«Esta estabilización precisa de varios meses de intervención, y el apoyo del equipo de seguridad es decisivo», subrayan en los documentos que acompañan estos contratos. Estos centros, señalan además, «se encuentran ubicados en zonas urbanas y céntricas», y registran numerosas visitas cada día.

«Conflicto generalizado»

El Gobierno admite la precaria situación en estos centros, por falta de recursos. Los residentes «comparten habitaciones y pueden convivir ajustadamente tres personas de diferentes procedencias, sin vínculos familiares, ni culturales, ni idiomáticas entre ellas».  Esta «convivencia forzosa» requiere de «intervenciones y mediaciones permanentes» y de la actuación del personal de seguridad cuando no se logre dar una «salida dialogada al conflicto».

Se advierte, además, que «el tiempo que media entre el surgimiento de un altercado y el aviso y llegada efectiva de la policía es vital para preservar la seguridad del centro, de sus usuarios y de los propios trabajadores en caso de altercado o conflicto generalizado».

Urgencia

El Gobierno justifica la urgencia de estos contratos en la «imperiosa necesidad de contar con el servicio de Seguridad y Vigilancia» pues, «en el supuesto de quedar interrumpido, supondría un grave perjuicio para uno de los derechos fundamentales de las personas que residen, trabajan y visitan el centro, como es el de su seguridad e integridad»: «En definitiva, se trata de un servicio primordial para garantizar el correcto funcionamiento del centro, así como para salvaguardar la integridad de las personas».

«Maltrato continuado»

Este jueves, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado remitió una carta a Ayuso en la que le informa de «las graves situaciones que se están dando en el centro de Alcalá de Henares generado por el Ministerio competente en materia de migraciones», así como el «maltrato continuado a las personas usuarias».

Entre otras cosas, la misiva informa a la presidenta regional que a los residentes en este centro «se les marca con bolígrafo en sus brazos para identificarlos, se les somete a un duro control para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficiente». Todas estas situaciones han provocado que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado «haya interpuesto tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, por ahora sin éxito alguno».