El Gobierno aprueba la ‘ley mordaza’ contra la prensa crítica el día que se jacta de desclasificar el 23-F

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la ley mordaza contra la prensa crítica el mismo día en el que se ha jactado de la desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta norma obligará a los medios a inscribirse en un registro, exponer el nombre de sus dueños o limitar la publicidad institucional al 35% del total de ingresos.

Esta medida la ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El Gobierno ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de publicidad institucional justificándolo en que «ha cambiado todo el mercado» y las «plataformas digitales compiten con los medios tradicionales».

«Además, hay un Plan de Acción por la Democracia a nivel europeo y nacional», ha asegurado el dirigente socialista. Sánchez lanzó este plan después de los cinco días de reflexión, a mediados de 2024, después de tomarse cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. «La publicidad cumple un papel esencial pero no puede ser un medio de compra de medios», ha aseverado el dirigente socialista.

«Transparencia e independencia»

El primer objetivo del Gobierno, según Óscar López, es «garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos para que sepan dónde van sus recursos». El segundo, «garantizar la independencia de los medios de comunicación».

La primera de las novedades de esta ley es que se incluirán las plataformas digitales como perceptoras de publicidad institucional. Ya no sólo estarán los medios tradicionales.

Por otro lado, se creará un registro público de medios en la CNMC para que esos periódicos, televisiones, radios o plataformas puedan «constar como medios».

Esta obligación ya existía algo similar en la ley franquista de 1938, donde se creó un Registro Oficial de Periodistas que determinaba quién podía ejercer esta profesión, excluyendo a todo aquel que no estuviera inscrito. Los directores de los medios también debían formar parte de este registro.

A su vez, se aprueba otra medida mediante la cual se limitará la publicidad institucional al 35% del total de ingresos por publicidad recibidos por los medios.

Sin embargo, el Gobierno incluirá una cláusula de medios locales, que según el Ejecutivo, tienen un «peso muy fuerte» en este país. Esa excepción es una salvaguarda para medios que facturen menos de 2 millones y que estén presentes hasta 3 comunidades.

Por otro lado, creará un «sistema transparente de medición de audiencias». Además, también exigirá «transparencia en los precios publicitarios de los medios», para que se conozcan las tarifas que aplican.

Por último, el Gobierno publicará una vez al año la inversión publicitaria, algo a lo que estarán obligadas «también las demás administraciones»: «Será de aplicación básica también en las comunidades autónomas».

Exponer a los dueños de medios

Además, también exigirá que se publiquen los dueños de los medios de comunicación, algo que ya existía durante la dictadura de Francisco Franco. Una ley de 1938 exigía a los propietarios de los periódicos identificarse claramente ante el Estado y firmar un compromiso de responsabilidad solidaria en caso de que el director o los redactores se saltasen los preceptos marcados por Serrano Suñer.

El Gobierno de Sánchez, ahora, exige que se informe públicamente sobre el accionariado y los inversionistas de los medios, señalando a cualquier persona que decida financiar un periódico, radio o canal de televisión determinado.

Casualmente, este mismo martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado la desclasificación de los documentos del 23F «cuando se cumplen 45 años» de aquel hecho. «La memoria no puede estar bajo llave», ha justificado la dirigente socialista. Y se ha referido a que se publicaría «toda la información hasta el momento» para que los ciudadanos o los historiadores puedan acceder a ella.