El Gobierno aprueba este viernes el plan B para un Brexit sin acuerdo

Sánchez ya había anunciado que estos planes adoptarían la forma de un real-decreto que, en esta situación, tendrá que ser ratificado por la Diputación Permanente, puesto que las Cortes van a disolverse el próximo martes.

Además, dado que aún cabe la posibilidad de un Brexit acordado, la vigencia del decreto ley se supeditará a que la salida del Reino Unido de la UE se produzca, efectivamente, sin acuerdo. Sánchez puntualizó además que serán normas con un límite temporal y, además, unilaterales, pero sujetas a reciprocidad por parte de Reino Unido.

En relación con los ciudadanos –españoles que viven en Reino Unido y británicos residentes en España– el decreto contempla medidas en materia de residencia, de trabajadores transfronterizos, de acceso a protecciones y función pública, de Seguridad Social, de asistencia sanitaria y de educación.

También se prevén normas de cooperación administrativa y judicial en materia penal, referidas fundamentalmente a las órdenes europeas
de detención y entrega emitidas antes de la fecha de retirada, prevista para el 29 de marzo.

En el capítulo de actividades económicas, incluirá medidas en materia de servicios financieros, de aduanas, de contratos del sector público, de autorizaciones y licencias, concretamente, de permisos de conducir, material de defensa y doble uso, armas, explosivos y transporte. El propio Sánchez señaló que las medidas de contingencia se extenderán a Gibraltar «cuando así proceda».

Voto en las municipales

El decreto-ley complementará un acuerdo que ya se firmó en enero con Reino Unido –y que era necesario tanto para el caso de un Brexit con acuerdo como sin acuerdo– para que españoles residentes en Reino Unido y los británicos que viven en España puedan votar en las elecciones municipales del país donde residen.

En el plano económico, Sánchez señaló que la Secretaría de Estado de Comercio ha habilitado líneas específicas de ayudas a asociaciones de exportadores y empresas afectadas por el Brexit.

El Gobierno también aprobó ya, el pasado 8 de febrero, un acuerdo en materia de empleo público para reforzar los servicios públicos afectados por el Brexit, principalmente control transfronterizo de personas, control aduanero, y servicios de inspección sanitaria exterior, para importación y para exportación de mercancías.

La previsión es de 1.735 nuevos efectivos, de los cuales 875 corresponden a empleados públicos y los 860 efectivos restantes a la cobertura de servicios que prestan empresas públicas, principalmente AENA y Puertos del Estado.

En cuanto a medios materiales, Sánchez señaló que no se ha apreciado la necesidad de realizar obras civiles de envergadura en puertos y aeropuertos, sino que las infraestructuras de almacenaje son adecuadas para la nueva situación.

El pasado enero, la Moncloa abrió en su página web un apartado específico para informar a ciudadanos y empresas del Brexit. El Gobierno también ha puesto en marcha seminarios sectoriales y territoriales. Se han desarrollado en 33 ciudades de todas las comunidades autónomas, dijo Sánchez.