El Gobierno abre la veda contra la Guardia Civil en Baleares: Díaz pide multar a los que no hablen catalán

Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado a los agentes de la Guardia Civil de servicio en las Islas Baleares por no hablar catalán. El partido magenta ha espetado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, que si la Benemérita no atiende a los ciudadanos en la lengua cooficial del archipiélago se trataría de una «infracción muy grave» que podría conllevar hasta seis años de suspensión de empleo.

El movimiento de la también ministra de Trabajo ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona al Gobierno sobre los «motivos por los que agentes de la Guardia Civil, que desempeñan sus labores en la Illes Balears [sic], no entienden el catalán y se niegan a tramitar una denuncia en catalán». Esta iniciativa está firmada por el diputado Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, un partido coaligado con Sumar.

La formación ha instado al Ejecutivo a que defienda el catalán por tener el «carácter de idioma oficial en el archipiélago». «Todas las personas tienen el derecho de conocerla y usarla, y nadie puede ser discriminado por causa de idioma», reza la exposición de motivos de la cuestión parlamentaria. En la iniciativa, apelan al artículo 4 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares para asegurar que «nadie puede ser discriminado por causa de la lengua que use».

El partido incide en que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden negarse a tramitar una denuncia en catalán». De este modo, exigen que se les aplique una «infracción grave» por no atender los requerimientos de las personas que pidan tramitar una denuncia en catalán. «Se trata de un comportamiento intolerable», justifica la iniciativa del diputado de la formación de Yolanda Díaz.

Pero además, consideran que, por no atender a una persona en catalán, podría darse una «conducta discriminatoria por razón de lengua» que consideran como «falta muy grave».

La Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil recoge que las faltas muy graves pueden llegar a implicar:

1. Separación del servicio.
2. Suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años.
3. Pérdida de puestos en el escalafón.

En el caso de las infracciones graves, esa misma normativa también recoge que las sanciones podrían ser las siguientes:

1. Suspensión de empleo de un mes a tres meses.
2. Pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones.
3. Pérdida de destino.

Persecución a la Guardia Civil

Con esta argumentación, tratan de justificar la exigencia de saber catalán a los guardias civiles o, en última instancia, la expulsión del cuerpo fuera del archipiélago. Algo que ya ha venido produciéndose en Cataluña, como han denunciado las asociaciones de agentes de la Benemérita.

Hace unos meses, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denunció su «marginación» respecto a los Mossos d’Esquadra en Cataluña. La entidad aseguró que se está llevando a cabo una «colonización indebida de las competencias» de la Benemérita por parte de la policía autonómica catalana en servicios como el de emergencias 112 en Cataluña.

«Las autoridades catalanas excluyen sistemáticamente a la Guardia Civil del servicio de emergencias en la región, una decisión que responde a intereses políticos y que pone en peligro la vida de las personas», advirtió la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.

Por todo ello, el diputado de Sumar pregunta al propio Ejecutivo por qué los agentes de la Benemérita que desempeñan sus funciones en las Islas Baleares «no entienden catalán». Del mismo modo, les insta a exponer las razones por las que «se niegan a tramitar la denuncia en catalán».