España
Valle de los Caídos

Los Franco entregan al Abad del Valle el acta notarial en el que se niegan a la exhumación

La familia Franco ha entregado ya al Abad responsable de la basílica del Valle de los Caídos un documento notarial donde expresan su oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El objetivo, evitar que desentierren los restos de forma exprés en caso de que al Gobierno de Pedro Sánchez le entren las prisas para cumplir su promesa de sacar a Franco de su tumba antes de agosto.

No quieren problemas con lo que consideran una profanación y no una exhumación. Y es que, sin el permiso de la familia, los problemas del Gobierno para llevar a cabo su tan publicitado plan se multiplican.

La escritura notarial –en la que los siete nietos de Francisco Franco han plasmado su rechazo a la exhumación y su negativa a hacerse cargo de los restos de su abuelo en caso de ser sacados del Valle de los Caídos– ya está en manos del Abad del Valle.

Y eso significa que, acuda quien acuda, por el día o por la noche, en una operación con transparencia o con absoluta ocultación, se encontrará con un documento que evitará que nadie pueda argumentar que el posicionamiento de la familia era dudoso y que, por lo tanto, cabía resquicio legal para seguir adelante con el plan de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

En absoluto: la negativa a permitir el plan de Pedro Sánchez es tan expresa que, no sólo figura elevada a fe pública sino que, además, la podrá exhibir el Abad en caso de entrar cualquiera a la cripta.

Los siete nietos acudieron previamente al despacho de un notario de Madrid para dejar constancia de que se oponen a que el cadáver de su abuelo sea exhumado de la basílica del Valle de los Caídos para trasladarlo a un cementerio.

Este documento se convierte, de este modo, en el eje de actuación que los hermanos Martínez-Bordiu Franco piensan seguir para cerrar las vías de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y frenar, en consecuencia, el traslado de los restos mortales.

Sánchez sin argumentos legales

El presidente del Gobierno empieza a ser consciente de que pueda haberse pasado de frenada legal con este asunto. Así, mientras que hace ya casi un mes que reveló a los periodistas y en un corrillo su prioridad de dar cumplimiento este mismo mes de julio a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017 a propuesta del PSOE, lo cierto es que ahora, las prisas parecen diluirse, según la última versión del ministro Ábalos.

El plan inicial pasaba por “resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

En consecuencia, el Ejecutivo recordaba que la misma moción urgía a “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación —en su caso— en un sitio no preeminente del edificio”.

Ahora, esa urgencia parece estar en fase de reflexión. Y es que las dudas legales son más que severas sobre la capacidad de realizar este anuncio por las bravas.

El artículo 26.4 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid (aprobado mediante el Decreto 124/1997, de 9 de octubre) establece que “la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda”.

Es decir, que el traslado de los restos sólo puede realizarse a petición, o con la conformidad, de los herederos. Y eso ya está claro que no va a ser así.