Camps recurrirá la imputación de la Fórmula 1 porque “se trata de un juicio político”

Francisco Camps considera que la juez "se ha excedido en sus atribuciones" y no ha tenido en cuenta el informe emitido por la Intervención de la Generalitat, que concluyó que los contratos para la construcción del circuito de la Fórmula 1 respetaron la normativa.

Francisco Camps recurrirá el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, en el que se le imputa, a él y a dieciséis procesados más, por supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 de Valencia.

Según ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente de la Generalitat presentará un recurso en los próximo días – el plazo finaliza el miércoles – y fundamentará el requerimiento en la existencia de un "juicio político" por parte de la magistrada que, según Camps, "se ha excedido en sus atribuciones como juez".

En el auto, la juez sostiene que Camps "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito con "la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunidad Valenciana. Estas actuaciones se llevaron a cabo "al margen de las funciones propias" de sus competencias como presidente; de la legislación aplicable y "utilizando indebidamente fondos públicos" en dichas adjudicaciones.

La juez ha tomado la decisión de imputarle tras el resultado de las diligencias de la investigación e instrucción practicadas por las cuales se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, cohecho y/o tráfico de influencias.

El informe de la Intervención

La defensa de Camps se remite al informe emitido por la Intervención de la Generalitat, a petición de la misma magistrada, sobre la construcción del circuito de la Fórmula 1,  que concluyó que los contratos respetaron la normativa. Además, este órgano auditor señalaba en su escrito que las actuaciones, impulsadas por el Consell, no generaron un perjuicio económico a la administración autonómica.

Este dictamen se emitió después de que los especialistas analizaran una veintena de contratos que en su día adjudicó la Red Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), ya desaparecida.

La jueza también ha decidido procesar al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al ex consejero de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del ente gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), así como a empresarios investigados en la causa. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A, José Mayor Oreja, hermano del ex ministro.

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