La Fiscalía de la UE no sólo investiga el fraude en Urda: hay 74 casos contra el Gobierno por el uso de 390 millones en ayudas

La Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) no sólo investiga el presunto fraude de los fondos comunitarios en la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se produjo la última tragedia ferroviaria con 69 fallecimientos cerca de Urda (Toledo). El Ministerio Público del club comunitario tiene 74 casos abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez en los que indaga sobre el uso de 390 millones de euros en ayudas.

La última memoria de la Fiscalía de la Unión Europea reflejó, a finales de 2025 —último dato conocido—, que en España había 97 casos activos. La mayoría (74) eran casos de fraude, irregularidades y malversación de fondos comunitarios.

De las investigaciones que hay ahora mismo abiertas, la Unión Europea estima que se ha producido un daño a los fondos comunitarios de cerca 390,6 millones de euros. Si a estos casos se les suma el resto de casos abiertos por fraude en el IVA o de corrupción, la Fiscalía comunitaria estima que hay un daño potencial para las arcas públicas de la UE de 796,2 millones de euros.

En el último año se han abierto 57 de los 97 casos que hay activos. La mayoría de ellos (26) van contra las autoridades nacionales, es decir, contra el Gobierno.

La Fiscalía de la UE trabaja conjuntamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para luchar contra este tipo de delitos. De acuerdo con las propias webs de las dos instituciones, la OLAF «informa a la Fiscalía Europea de cualquier conducta delictiva respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer su competencia». Por su parte, la Fiscalía «puede solicitar apoyo a la OLAF durante su investigación». Y, en esa línea, la OLAF «puede complementar la investigación de la Fiscalía Europea llevando a cabo una investigación administrativa complementaria».

Ambas instituciones pueden llevar a cabo investigaciones siempre que los hechos se enmarquen dentro de una serie de ámbitos. Entre ellos, las conocidas como «política de cohesión», que incluyen los Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). De ellos, España recibió 110 millones para renovar la línea que ha acabado sufriendo dos trágicos accidentes ferroviarios que han dejado 115 muertos.

Otro de los ámbitos de actuación de la Fiscalía de la UE son los fraudes en los «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado por NextGenerationEU». Estas últimas son las ayudas que se pusieron en marcha después de la pandemia de Covid-19 para modernizar la Unión y relanzar la economía tras el confinamiento.

Investigación tras la tragedia de Urda

La Fiscalía Europea abrió este viernes una investigación para indagar sobre si se pudo producir un fraude que «afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones» en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se produjeron las tragedias de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), que han dejado 115 muertos.

Según ha informado la Fiscalía Europea, su sede de Madrid «está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España».

Esta investigación cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició ex officio por iniciativa propia de la Fiscalía Europea, tal y como ha detallado en un comunicado la EPPO.