La Fiscalía prepara una causa por sedición tras los violentos incidentes contra la Guardia Civil

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está valorando presentar una denuncia por los incidentes registrados durante las concentraciones de cientos de personas en las dependencias vinculadas al Govern y a las puertas del Tribunal de Justicia de Cataluña. Entre ellas, la consejería de Economía que dirige Oriol Junqueras.

Aquella noche se destrozaron vehículos de la Guardia Civil y se llegaron a robar algunas armas. Los guardias que registraron la consejería tuvieron que permanecer toda la noche en su interior ante la falta de colaboración de los Mossos.

Por el momento, la Benemérita ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.

Como adelantó OKDIARIO, la fiscalía añadirá el delito de sedición (diez años de cárcel) a Puigdemont y sus secuaces si consuman el referéndum catalán.

Según el artículo 544 del Código Penal, el delito de sedición consiste en «el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». La competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.

Existe un precedente

En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la ‘desconexión’ de Cataluña con el resto de España.

Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.