La Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel por terrorismo para 12 CDR que se beneficiarán de la amnistía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de prisión por pertenencia a banda terrorista para 12 miembros de los CDR que se beneficiarán de la amnistía, achacando también a ocho de ellos delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Lo hace tan sólo dos días después de no ver un presunto delito de terrorismo por parte de los líderes independentistas en la causa Tsunami.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los CDR acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT) encargado de llevar a cabo las acciones más violentas. El plan estrella de los acusados era asaltar el Parlament de Cataluña coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O. También fueron autores de cortes de carretera o de vertidos de aceite en la carretera por la que debía pasar la comitiva que trasladaba a los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners, entre otras acciones de máxima violencia.

«Los acusados, como miembros del ERT, habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares», señala el fiscal Carballo en su escrito.

Así, la Fiscalía considera que las actividades de esta célula radical supusieron la comisión del delito de pertenencia a organización terrorista penado con ocho años de prisión para todos ellos. Además, a ocho de los CDR imputados también se les pide una pena de 11 años por tenencia, depósito y fabricación de explosivos y ocho años de cárcel por tentativa de estragos de carácter terrorista. De este modo, si se suman las condenas, la Fiscalía solicita 27 años de cárcel para ocho de los independentistas que serán amnistiados.

La Fiscalía también pide para todos los acusados penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la medida de libertad vigilada durante ocho años para todos ellos.

Los CDR acusados por Fiscalía

La Fiscalía también señala en su escrito remitido al tribunal las acciones llevadas a cabo por cada acusado. El primero de ellos es Eduardo Garzón a quien le atribuyen las labores de liderazgo dentro del grupo. Fue uno de los asistentes e impulsores de las reuniones en las que se llevaban a cabo actividades de fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias.

La segunda acusada es Esther Canet que fue la encargada de vehicular la acción de los radicales en la zona de Mollet del Vallés. Canet es la persona dentro de la organización que habría obtenido y establecido el contacto directo con los denominados «expertos» en fabricación de explosivos. Los CDR fabricaron estas sustancias en el domicilio del también acusado Alexis Codina. Este piso era denominado la «Batcueva» y al mismo también acudieron los imputados Sonia Pascual y Rafael Joaquín Delgado.

Otro de los radicales es Xavier Buigas que fue el encargado de preparar la logística necesaria con el objeto de acometer la ocupación del Parlament de Cataluña. Le sigue Queralt Casoliva que controlaba al grupo en la localidad barcelonesa de Sentmenat. A ellos se suma el independentista Germinal Tomás cuyo papel era obtener informaciones relativas a posibles objetivos, entre otros encargos.

El independentista Jordi Ros también se suma a la lista de acusados por terrorismo. Ros se encargaba de la búsqueda de conocimientos y adquisición de productos para fabricar sustancias explosivas e incendiarias. Por su parte, han sido acusados Guillem Xavier Duch por ser el cerebro para interceptar comunicaciones, y Ferrán Jolis que fue el referente informático y tecnológico del grupo. La lista de acusados se cierra con David Budria y su pareja, Clara Borrero, que se encargaron de ejecutar las acciones en el campo operativo.