La Fiscalía alertó a Interior sobre maltratadores que cambian de sexo para intentar burlar la ley
Mostró su preocupación por las consecuencias de la Ley Trans
La Fiscalía convocó al Ministerio del Interior para alertarle de los casos de maltratadores que recurrían al cambio de sexo para «burlar la ley». La reunión tuvo lugar el 11 de junio del año pasado. Por parte de Interior acudieron responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad. La cita tuvo lugar en la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía, que trasladó su preocupación por el cambio de sexo registral de los agresores tras la entrada en vigor de la conocida como Ley Trans, en 2023.
En la última memoria de la Fiscalía General del Estado se recoge su inquietud ante los cambios registrales de sexo de presuntos maltratadores con la intención de esquivar la ley.
«Una preocupación de muchas fiscalías son los cambios registrales de sexo de los presuntos maltratadores con la clara intención de burlar la ley y de perjudicar a las mujeres víctimas», se asegura en la memoria, correspondiente a 2024.
Igualmente, el documento destaca que son «varias» las diligencias incoadas en la aplicación de la Ley Trans y los posibles abusos cometidos en fraude de ley.
Así, por ejemplo, expone que la Fiscalía de Área de Ceuta informó de la existencia de dos casos de cambio de sexo de hombre a mujer, realizados por dos varones incursos en procedimientos penales por violencia de género en que la juez había remitido testimonio de la sentencia al Ministerio Fiscal por entender que existían indicios de fraude. «Se acordó incoar diligencias preprocesales a fin de completar la información necesaria para adoptar una decisión», completa.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que «aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos».
Numerosos casos
Sin embargo, desde la aprobación de la Ley Trans se han conocido numerosos casos de maltratadores que han cambiado su sexo registral con la intención de burlar la ley. En muchas ocasiones, esta circunstancia deriva en un embrollo burocrático con el consiguiente perjuicio para la víctima.
El año pasado, un ertzaina fue detenido por amenazar a su esposa con un cuchillo. Anteriormente había cambiado de sexo y se había declarado mujer en el Registro Civil. El caso abrió la polémica por las consecuencias de la Ley Trans y complicó el proceso en su contra. Este caso es uno de los múltiples conocidos desde la aprobación de la ley impulsada por la ex ministra Irene Montero.
También el pasado año, la Comunidad de Madrid advirtió a Igualdad que había detectado seis casos de hombres que figuraban en el sistema VioGén como agresores machistas y que habían realizado un cambio registral de sexo.
En tres de esos casos los agresores incluso intentaron acceder a puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género en los que estaban siendo atendidas sus víctimas, si bien esas demandas no habían sido aceptadas. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se dirigieron a la ministra para expresarle su preocupación y pedirle que les indicase «la forma de proceder» ante estos casos.
«Alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales, y en riesgo el sistema de protección», avisaron desde la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
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