Los fiscales del Supremo piden a García Ortiz que actúe contra los ataques de Junts a los jueces

Una veintena de fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, colocado a dedo por el Gobierno de Sánchez, que adopte «sin más dilación» las «medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias» para «preservar la legalidad y la independencia de los tribunales» tras los «ataques» de Junts a los jueces.

En total son 21 fiscales los firmantes de la carta dirigida a García Ortiz. En ella, han manifestado su «más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas» por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

La política barcelonesa se expresó hace una semana en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la Ley de Amnistía. La vocera del partido de Carles Puigdemont espetó a jueces con nombres y apellidos que «en un país normalizado democráticamente, una serie de personas indecentes deberían de ser cesadas y juzgadas». Señaló directamente a «Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros».

«Un ataque injustificable»

Los fiscales plasman por escrito que esas palabras «son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados». Pero además, los representantes del Ministerio Público añaden que las declaraciones «son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho». A su vez, consideran que se trata de «un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática».

Por eso, apelan directamente al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que «tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley» además de «velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

El titular del cargo, García Ortiz, llegó al puesto después de haber sido el número dos de la anterior Fiscal General, Dolores Delgado. El Gobierno la colocó a dedo después de haber sido ministra de Justicia con Sánchez entre 2018 y 2020.

García Ortiz devolvió el favor a Delgado nombrándola fiscal de Sala, la máxima categoría de la Carrera Fiscal, en la sala de lo Militar. El Tribunal Supremo anuló ese nombramiento porque consideró que se trataba de una desviación de poder. A pesar de este rapapolvo judicial, al día siguiente, García Ortiz fue ratificado por el Gobierno socialista en su cargo de Fiscal General del Estado. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se declaró contrario a la idoneidad de García Ortiz como Fiscal General. Esta decisión es única, ya que es la primera vez que el órgano de Gobierno de los jueces resuelve de esta manera contra este nombramiento.

Silencio del Gobierno

El silencio del Gobierno ante los ataques de la portavoz de Junts a los jueces desde la tribuna de oradores del Congreso provocó la respuesta del Poder Judicial. El Tribunal Supremo, en palabras de su presidente, Francisco Marín Castán, condenó «el ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal».

Más tarde, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, expresó su hartazgo pidiendo a los políticos que dejasen de «minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia» y que «rebajen la tensión». «Déjennos en paz», concluyó Guilarte.