La exjueza Carmena ha recibido ya 18 mazazos judiciales cuando cumple 1.000 días en el poder

El equipo de Manuela Carmena cumple este jueves 1.000 días en el poder, durante este tiempo ha recibido más de 18 resoluciones judiciales contrarias.

El Ayuntamiento en esta legislatura ha recibido ya casi dos decenas de sentencias en contra de sus actos. El pasado de exjueza de la alcaldesa Carmena no ha ayudado al Consistorio en los tribunales si no más bien, todo lo contrario.

Así lo recopila el grupo municipal del PP. Han elaborado el dossier No Se Puede en el que critican al Ejecutivo de Ahora Madrid al denominan el «Gobierno del cambio… a peor». Una gestión plagada de «ocurrencias» e «incumplimientos» y «rectificaciones», según los populares .

«Desprecio por la legalidad vigente»

«Desde que Ahora Madrid asumió, con el apoyo del PSOE, el gobierno del Ayuntamiento, el desprecio por la legalidad vigente ha sido una de sus señas de identidad», explican los de José Luis Martínez-Almeida.

«En multitud de ocasiones se han transgredido las normas, actuando al margen de la Ley, algo que es aún más preocupante si tenemos en cuenta que Carmena es jurista y magistrada de profesión», indican. 

Argumenta que, ante esta forma de actuar de Carmena y los suyos, los afectados han tenido que acudir a los Tribunales en defensa de sus intereses particulares o generales de los madrileños. Es el caso de los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno, responsable de velar por el cumplimiento de las leyes, o el propio grupo municipal popular.

Dicen que en estas ocasiones «no ha quedado más remedio que acudir a la Justicia ante las irregulares actuaciones del equipo de Gobierno y de sus integrantes». Por ejemplo, hacen mucho hincapié en que Carmena puso «la alfombra roja», «nunca mejor dicho», a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, hoy un fugado y un presidiario respectivamente.

Los del PP aseguran que han sido «1.000 días en los juzgados» y estos han sido las sentencias y resoluciones más destacadas:

1. Sentencia del Juzgado de lo Contencioso, en diciembre 2016, a instancias del PP, declarando «nulo de pleno derecho» el Acuerdo de creación de la Comisión de Investigación para analizar la contratación y el endeudamiento del Ayuntamiento en los tres últimos mandatos. Carmena presentó un recurso de apelación que fue desestimado en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
2. Siete autos del TSJM suspendiendo otros tantos acuerdos, del segundo semestre de 2016, que pretendían reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios. Fueron recursos de la Delegación del Gobierno. El PSOE y Ahora Madrid han reprobado en el pleno municipal a la delegada Concha Dancuasa por ello.
3. Recurso de abril 2017 de la Delegación del Gobierno contra las líneas de actuación conjunta entre las Policías Locales de Madrid y Rivas para actuar en la Cañada Real.
4. Auto del Juzgado de Instrucción, en junio de 2017, admitiendo a trámite la querella criminal presentada por el PP contra Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela. Están imputados (ahora investigados) por los delitos de malversación, prevaricación y delito societario por encargar a dedo dos informes para denunciar el convenio firmado entre el anterior ayuntamiento del PP y el Mutua Madrid Open.
5. Auto del TSJM, de julio de 2017, admitiendo la medida cautelar solicitada por la Delegación del Gobierno de suspensión de parte del Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, aprobado por el Pleno. Carmena ha puesto en marcha de todas formas la oficina sin todas sus funciones.
6. Auto del Juzgado de lo Contencioso, de septiembre de 2017, admitiendo la medida cautelarísima presentada por el PP contra el decreto de la concejal  de Arganzuela, Rommy Arce, que autorizaba el uso por una Asociación de una nave del espacio Matadero Madrid para un acto proreferendum calatán (“En Madrid por el derecho a decidir”).
7. Auto del TSJM, de noviembre de 2017, que suspende, a solicitud de la Delegación del Gobierno, créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Ayuntamiento por más de 270 millones de euros (577 actuaciones en distritos).
8. Auto del Juzgado de lo Contencioso, de octubre de 2017, instado por la Fundación Francisco Franco, suspendiendo cautelarmente el cambio de nombre de 52 calles de Madrid.
9. Auto del Juzgado de lo Contencioso, de noviembre de 2017, instado por el Colectivo de Familiares de caídos en Rusia, suspendiendo cautelarmente el cambio de nombre de la calle “Caídos de la División Azul”.
10. Recurso de la Delegación del Gobierno, en diciembre de 2017, contra la clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento y sus Organismos.
11. Recurso de la Delegación del Gobierno ante el TSJM, en enero 2018, contra las ordenanzas fiscales de las Empresas de Telecomunicaciones Fijas.
12. Auto del TSJM, en enero de 2018, a instancias de Dancuasa, para suspender el acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.
13. Denuncia del Consorcio de Transportes, en enero de 2018, por la creación de una cuenta falsa en Twitter de dicha entidad pública por parte del gerente de la EMT por lo que está imputado por delito contra la propiedad intelectual.

    

14. Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en febrero de 2018, anulando el cese de la Interventora.
15. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en febrero de 2018, para admitir el recurso del socio de Calle 30, contra el dictamen de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento sobre las Obras de la M-30.
16. El Juzgado de primera instancia, en febrero de 2018, admite a trámite la denuncia de la Asociación de Abonados del Club de Campo después de que la Gerencia pretenda imponer actividades socioculturales que nada tienen que ver con el Club. OKDIARIO adelantó la denuncia.
17. Querella Criminal, en febrero de 2018, admitida a trámite contra Inés Sabanés y el Gerente de la EMT, por malversación de caudales públicos en la compra de Bicimad. Ambos serán llamados a declarar en la condición de investigados, antiguos imputados.
18. Recurso contencioso administrativo, en enero de 2018, de Dragados contra las resoluciones secuestrando la concesión para el mantenimiento de varios túneles.