El ex viceministro de Chávez pide citar a una fiscal de EEUU por «ocultar» la corrupción en Venezuela

El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del caso Caranjuez, en el que se investiga una presunta red de policías y abogados que habría extorsionados a ex cargos de Hugo Chávez a los que reclamaban sumas millonarias de dinero a cambio de «protección», la declaración en calidad de testigo o de investigada de la fiscal de EEUU Sarah Edwards por ocultar información clave sobre la corrupción chavista ante el Gran Jurado de Houston.

En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado de Alvarado ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, que llame a declarar a la fiscal Sarah Edwards por «formar parte del equipo de la red de extorsionadores», según han declarado varios perjudicados en la causa. «La fiscal Edwards fue identificada en las declaraciones tanto de Carlos Aguilera –ex miembro del servicio de Inteligencia de Venezuela– como de Javier Alvarado, como la fiscal de EEUU a la que el investigado Martin Rodil, el cabecilla de la red investigada, hacía alusión a ella como la persona de su equipo en Norteamérica», subraya el escrito.

El testigo y perjudicado Alvarado envió un correo electrónico a esta fiscal el 19 de julio de 2018 con un total de 24 documentos sobre la corrupción en Venezuela. Lejos de investigarlos, fueron utilizados para solicitar a la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos de este ex viceministro de Chávez. Esta petición usó como punto de partida un dato erróneo, puesto que afirmaba que Javier Alvarado había obtenido la nacionalidad española el 30 de enero de 2019. Sin embargo, el abogado de este testigo asegura que su cliente obtuvo la nacionalidad el 5 de diciembre de 2017. «Basta con una consulta en el Registro Civil para constatar dicha afirmación», explica.

Otras citaciones

Esos documentos sobre la corrupción en Venezuela que fueron ocultados presuntamente por la fiscal de Washington también fueron entregados al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, según han declarado varios testigos en la causa. El equipo jurídico del ex viceministro ha explicado que «Pino fue identificado por Alvarado como la persona de máximo rango con la que éste se reunió y a quien entregó cientos de documentos relativos a las actividades ilegales de las que Alvarado había tenido conocimiento que se habían llevado a cabo en Venezuela». Sin embargo, estos documentos nunca fueron entregados por el ex DAO a la Fiscalía Anticorrupción, según Alvarado. Para sorpresa del denunciante, «desaparecieron».

Un tiempo después, parte de la documentación que facilitó a Pino en aquellas reuniones, Javier Alvarado la vio luego reflejada en la querella que, según expuso en sede judicial, presentó el despacho Ilocad de Baltasar Garzón en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante la Audiencia Nacional. Dicha querella se interpuso contra el propio Alvarado Ochoa y otra veintena de personas y aún se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 3. Los extorsionadores de esta red, según explicó el ex viceministro a la juez, le chantajearon con «involucrarle en un problema judicial» si no les pagaba cantidades desorbitadas. Parece que, tras la denuncia del despacho de Garzón, los presuntos extorsionadores habían ejecutado su amenaza.

Por todo ello, en el marco de estas diligencias, el letrado de Alvarado solicita también a la juez que cite a declarar en calidad de testigo o investigado a Eugenio Pino así como a otros miembros de la Policía que estaban a las órdenes de éste.