El ex jefe de la UCO confirma al juez que el DAO pidió «ponerse de perfil» en la investigación al hermano de Sánchez

Rafael Yuste, ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha confirmado este viernes ante el juez que investiga las cloacas del PSOE que el ex director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pidió «ponerse de perfil» en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuatro mandos de la Guardia Civil han declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre la trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera Leire Díaz que tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

El general Yuste ha sido el primero en declarar. Según informan fuentes jurídicas, ha ratificado a grandes rasgos la declaración que prestó ante la UCO, donde le preguntaron si hubo «presiones políticas» sobre los investigadores en causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno.

El ex jefe de la UCO ha confirmado una reunión de julio de 2024 a la que también asistió el jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, en la que el DAO indicó que «no se fuese proactivo» en los procedimientos judiciales que tuvieran afectación política, que se pusieran «de perfil» y que fuese el juez quien tomase la iniciativa.

Según han explicado Yuste y López Malo al juez, esa petición de no ser proactivos era en causas sobre temas políticos en general. Ambos suponen que el DAO recibiría presiones políticas, pero han dicho que lo desconocen.

Además de ellos, este viernes han testificado ante Pedraz el general jefe del Estado Mayor del Cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y el mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo, que finalmente no venían de la UCO.

Que no haya nada

Los agentes han ratificado los informes de la UCO. Según el sumario de la causa, Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, declaró a agentes de esta unidad que hubo presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el DAO.

Además, Yuste relató que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Según recoge la UCO en su último informe, el ex director de la Guardia Civil apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el 19 de julio de 2024 tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general,  señalando que era «materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la autoridad Judicial». En dicha reunión también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio ya ha quedado visto para sentencia.

«Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que nos pusiéramos de perfil, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa», declaró Yuste.

Informaciones reservadas

Los agentes de la UCO también han puesto el foco en diferentes informaciones reservadas abiertas a agentes que investigaban causas judiciales ante presuntas filtraciones atribuidas a esta unidad y, en concreto, al departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas.

La Guardia Civil designó a diferentes instructores para las tres informaciones reservadas abiertas en la etapa de Rafael Yuste como coronel jefe de la UCO, lo que se llegó a justificar en que «el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas».

La UCO ha desvelado que el 5 de septiembre de 2025 recibió un oficio dimanante del general jefe del Estado Mayor solicitando la remisión de un organigrama de la propia UCO, concretamente de quienes tenían «relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando en la misma nominativamente a sus integrantes que ostenten el empleo de Oficial de la Guardia Civil».

Según el atestado policial, en el marco de esta información reservada se tomó declaración, «en cumplimiento de lo ordenado por la directora general», al general jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas, así como a un miembro de la oficina de prensa. En octubre se comunicó que se había ordenado el cierre «sin responsabilidad de la información reservada».

Otra de estas informaciones reservadas guardó relación con una «nota de despacho» que el Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, que encabeza Antonio Balas,  informaba de que «Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa».

En relación con la nota elaborada por el DIECAN, el ex jefe de la UCO manifestó que se refería a una «campaña de descrédito promovida por personal de la empresa de hidrocarburos Hafesa y personal vinculado al PSOE», entre los que se señala a Leire Díez. La fontanera socialista era mencionada porque «presumía de tener un control sobre la cúpula directiva de Guardia Civil y, de forma concreta, sobre su directora general».

La Jefatura de Información también elaboró una nota el 29 de abril de 2025 sobre el mismo tema, remitida al general jefe de Policía Judicial y que «había sido puesta en conocimiento de la directora general por parte del DAO».

Según el atestado de la UCO, en ella se mencionaba una reunión por videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlym, responsable de la empresa Hafesa e investigado por fraude de hidrocarburos, entre otros, «con la intención de obtener información sobre la UCO y sus investigadores que permitiese desacreditar la investigación judicial».

La propia nota indica que «Leire Díez se encontraría respaldada para dicha actuación por Santos Cerdán, teniendo a su vez conocimiento del objeto y finalidad de la misma la directora general de la Guardia Civil».