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Éste es el plan de Israel para Gaza que contempla traer a España a miles de refugiados palestinos

El documento señala a España como país receptor de refugiados palestinos de Gaza a cambio de financiación saudí

Israel tiene una hoja de ruta para la Gaza post-Hamás. Un plan por escrito elaborado en octubre de 2023 que el Gobierno español, a través de la inteligencia, ha conseguido acreditar como real y vigente. Jerusalén señala a España como destino factible de miles de refugiados palestinos procedentes de Gaza una vez termine la operación militar israelí. Mientras, Exteriores ha solicitado a los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que dejen de hablar de «genocidio» porque, entre otras consecuencias, facilita la concesión legal de asilo a dos millones de gazatíes.

La prensa israelí manejó el documento hace meses, tras una filtración procedente del propio Gobierno israelí. Lo calificaron de borrador «conceptual» elaborado por expertos analistas del Ministerio de Inteligencia israelí. Un organismo que elabora propuestas para asuntos de seguridad de este tipo, pero sin carácter vinculante hasta que el Gobierno israelí lo de por bueno.

Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido y ha podido constatar con el paso del tiempo el Gobierno español. El documento, titulado Options for a policy regarding Gaza’s civilian population (Opciones para una política relativa a la población civil de Gaza) «es bueno», auténtico, y sus propuestas siguen vigentes, tal y como ha podido acreditar a Moncloa desde los servicios de inteligencia. Por ello, las consecuencias para España que describe son llamativas.

En concreto, a España se le cita como «países de Europa y especialmente del Mediterráneo» candidatos de pleno a asumir grandes cantidades de palestinos expulsados de Gaza. Junto a Grecia, el segundo país que cita el documento, se les atribuye una contribución de «absorción y asentamiento».

Se citan, además, los «incentivos» para España que podría tener este plan: pagos millonarios en concepto de «absorción» y apoyo financiero desde «países árabes», que son los que asumirían parte del coste. Justo antes de España se cita a Arabia Saudí -con el que Israel sigue manteniendo buenas relaciones diplomáticas tras su reconocimiento oficial- como prestador de esa ayuda financiera para «los esfuerzos de reubicación de la población en diferentes países». Lo harían, además, movidos por la «presión de Estados Unidos» y usándolo «contra Irán».

Extracto del documento original traducido del hebreo.

La propuesta, esencialmente, gira en torno a 3 posibles planes para Gaza una vez erradicado Hamás. La primera, denominada A, supondría que la población palestina continúa en Gaza y pasa a estar bajo control de la Autoridad Palestina (la misma que ahora reconoce el Gobierno de Sánchez). Una opción B,  que pasaría por que la población continúe pero bajo un nuevo ente palestino creado como autoridad. Y la C, la más polémica, que propone expulsar a toda la población de la franja y crear una «zona estéril» dentro del territorio de Egipto, en la Península del Sinaí. Es en esa propuesta C donde se enmarca el plan que involucra a España. En Gaza residen alrededor de 2 millones.

«Genocidio» y asilo

Un error de consecuencias incalculables. Así se ha entendido en el mundo diplomático el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya señalado directamente a Israel como autor de un «genocidio». Acusación que ha salido de boca, tanto de ministros de Sumar como del PSOE, y que esta semana ha intentado minimizar el titular de Exteriores, José Manuel Albares, asegurando que se trata de «opiniones personales» que en ningún caso son un sentir oficial. Exteriores ha pedido a los ministros, por vía interna, que se deje de utilizar ese término de «genocidio»: abre la puerta a que palestinos residentes en Gaza, y son alrededor de dos millones en toda la Franja, pueda presentarse en una embajada o consulado española a solicitar asilo. Y una sentencia del Tribunal Supremo obliga a Exteriores, en esos casos, a poner al solicitante de protección en un avión rumbo a España.

«Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio». Eso fue lo que señaló recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando se le preguntó por la crisis entre España e Israel y el reconocimiento de Palestina. Unas declaraciones que provocaron un nuevo choque diplomático con Tel Aviv y que avivaron las posiciones de los socios de Sumar, cuyos ministros ya se habían manifestado en esos -o peores- términos.

Sin embargo, apenas dos días más tarde, Exteriores recondujo la versión oficial sobre lo que ocurre en Gaza. Albares, tras el Consejo de Ministros y el mismo día en que España reconocía oficialmente a Palestina, aseguró que las palabras de Robles reflejaban una «opinión personal» que no compartía necesariamente el Gobierno. Según ha sabido OKDIARIO, esa declaración pública había estado precedida de un aviso en privado a los ministros para que no utilizasen tan a la ligera el término genocidio. No por respeto a Israel, ya que se trata de una gravísima acusación, sino por las consecuencias legales que puede tener para España esa calificación.

Si España considera oficialmente que en Gaza se está produciendo la eliminación o exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o nacionalidad, entonces, por definición, cualquier persona que viva en Gaza o haya conseguido salir de allí se puede presentar en la embajada o consulado español en Israel, Egipto, Jordania, Líbano o cualquier otro país y solicitar asilo de manera urgente. Y se le debe atender.