El Estado asume la defensa del delegado del Gobierno en Madrid imputado en el ‘caso Begoña Gómez’

La Abogacía del Estado ha asumido la «representación» y «defensa» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso Begoña Gómez, por el que está imputado por presunta malversación durante su etapa en Moncloa como superior de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Así consta en un escrito que los servicios jurídicos del Estado presentaron el pasado 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Martín Aguirre está citado a declarar el miércoles como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno y principal investigada en la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tiene previsto interrogar a Martín Aguirre el miércoles a las 13.30 horas después de haber admitido a trámite una querella presentada por Vox, que finalmente ha acumulado al procedimiento en el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, informa Ep.

La querella de los de Santiago Abascal se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez -investigada en la causa- para atender a Gómez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021».

Vox sostiene que el ahora delegado del Gobierno en Madrid era el «responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez», por lo que el partido le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez «la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa». No obstante, el juez Peinado solo ha apreciado un posible delito de malversación en la actuación de Martín Aguirre.

El instructor entiende que en su caso era pertinente admitir la querella «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública».