España

ERC exige a Sánchez un Constitucional a la carta que dé el visto bueno a un referéndum pactado

ERC quiere que Pedro Sánchez se comprometa a caminar hacia la “autodeterminación” catalana, pero, además, quiere tener garantías de que el presidente en funciones va a poder materializar sus cesiones sin que ninguna institución le frene. Una de esas instituciones que, evidentemente, se convierte en un obstáculo en el camino separatista es el Tribunal Constitucional (TC). Por eso, Esquerra ha pedido ya al presidente del Gobierno en funciones que los próximos cambios en el Constitucional permitan tener un Tribunal maniatado. Si no es posible controlar los nuevos nombramientos, al menos que se dispare toda la presión del Gobierno sobre este organismo para que permita forzar la Carta Magna en favor de los separatistas.

En breve toca renovar a parte del TC. ERC ya ha puesto sus zarpas sobre ese asunto y quiere que el nuevo Tribunal sea permisivo con interpretaciones que, evidentemente, no caben de forma natural en la Carta Magna: interpretaciones que van en contra de la unidad de España.

El equipo del presidente del Gobierno en funciones, además, no ha rechazado la exigencia de ERC de un referéndum separatista. Y no lo ha hecho porque lo cierto es que los socialistas hace tiempo que buscan fórmulas para dar encaje a la petición obvia de los separatistas. La opción principal, que ya está encima de la mesa, pasa por permitir un doble referéndum: el primero a escala nacional para validar la reforma de la Constitución y el segundo en Cataluña donde se votaría una reforma que permitiría restituir el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional.

Todo un trámite de elevada complejidad. Y todo un trámite que, por ejemplo, se podría sortear en caso de que el Tribunal Constitucional acepte de alguna manera un referéndum pactado que bordee la unidad de España. Un plebiscito que permita a los separatistas contar ya con una votación que poder exhibir con un recuento parcial sólo en Cataluña.

Forzar la Constitución

Sánchez ha ordenado ya tirar de negociaciones previas y buscar fórmulas que, forzando la Constitución, permitan albergar el objetivo de ERC. Sobre la mesa existe ya una posibilidad. El documento base ya fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas. El esquema apunta a un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.

La reforma previa constitucional está pensada de este modo para dar cabida a un mayor grado de cesión de competencias y parcelas de poder a la Generalitat y al Gobierno vasco. Pero eso también puede ser chequeado por el Tribunal Constitucional: y es que para activar todo el proceso de reforma de la Carta Magna también hay que cumplir los requisitos regulados en la actual Constitución. Y, por lo tanto, tampoco se puede hacer de cualquier modo.

La segunda fase de esas votaciones se deberá celebrar en territorio catalán o vasco, por medio de un referéndum que dé cobertura legal a un nuevo Estatuto de Autonomía en el que se recuperen todos los puntos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional en la época de Zapatero y en el texto original del estatuto catalán lanzado por el tripartito. Y, de nuevo, esas reformas de los estatutos serán controladas por el Constitucional, que podrá volver a decir que los cambios son excesivos.
 Ese es el plan. Complejo y de dilatada materialización.

«Constitución federal»

El texto de las premisas base hace tiempo que está en poder de los socialistas catalanes y recoge un poder para sancionar de nuevo todos los acuerdos por medio del voto. “No habrá solución legítima ni estable que no sea sometida al voto de toda la ciudadanía”, señala el documento. Y para ello, “defendemos una doble votación: primero, la nueva Constitución federal acordada deberá ser votada por todos los ciudadanos y las ciudadanas de España; y segundo, los catalanes y las catalanas votaremos sobre el nuevo Estatuto federal, que mejorará y ampliará nuestro autogobierno dentro de un nuevo marco constitucional federal”, ha plasmado el PSC en sus documentos.

El plan es que la reforma previa constitucional deje abierto el melón al famoso esquema de “un Estado plenamente federal, democrático y social, garantizando mecanismos de participación de los entes federados en la formación de la voluntad común del Estado” y, por supuesto, incluyendo ya “el reconocimiento de la identidad nacional catalana; delimitando con precisión los espacios competenciales; reformando profundamente las instituciones, incluyendo la creación de un Senado federal con competencia exclusiva sobre las leyes de cooperación horizontal; garantizando los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas públicas (Pacto Fiscal Federal); consolidando y ampliando las conquistas sociales en la Constitución federal, para garantizar el carácter social del Estado, así como profundizando en su carácter democrático”, como reclama el PSC.