La oferta de Sánchez a ERC: un referéndum en Cataluña para restituir el Estatut que tumbó el Constitucional

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Carlos Cuesta

El equipo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha rechazado la exigencia de ERC de un referéndum separatista. Y no lo ha hecho porque lo cierto es que los socialistas hace tiempo que buscan fórmulas para dar encaje a la petición obvia de los separatistas. La opción principal, que ya está encima de la mesa, sería permitir un doble referéndum: el primero a escala nacional para validar la reforma de la Constitución y el segundo en Cataluña donde se votaría una reforma que permitiría restituir el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional.

Sánchez ha ordenado ya tirar de negociaciones previas y buscar fórmulas que, forzando la Constitución, permitan albergar el objetivo de ERC. Sobre la mesa existe ya una posibilidad. El documento base ya fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas. El esquema apunta a un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.

La reforma previa constitucional está pensada de este modo para dar cabida a un mayor grado de cesión de competencias y parcelas de poder a la Generalitat y al Gobierno vasco. La segunda fase se deberá celebrar en territorio catalán o vasco, por medio de un referéndum que dé cobertura legal a un nuevo Estatuto de Autonomía en el que se recuperen todos los puntos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional en la época de Zapatero y en el texto original del estatuto catalán lanzado por el tripartito.
Ese es el plan. Complejo y de dilatada materialización. Abocado a no contentar a los separatistas -inmersos ya en el golpismo más puro-, pero que ha sido elaborado por el Ejecutivo con el objetivo de llegar al máximo posible de cesión ante los golpistas que puede permitir la barrera de la Constitución. Tanto que, de hecho, se ha planteado una reforma previa ad hoc de la Carta Magna para ensanchar ese margen de sumisión y no caer en inconstitucionalidad.

Doble referéndum

El texto de las premisas base está ya en poder de los socialistas catalanes y recoge un poder para sancionar de nuevo todos los acuerdos por medio del voto. “No habrá solución legítima ni estable que no sea sometida al voto de toda la ciudadanía”, señala el documento. Y para ello, “defendemos una doble votación: primero, la nueva Constitución federal acordada deberá ser votada por todos los ciudadanos y las ciudadanas de España; y segundo, los catalanes y las catalanas votaremos sobre el nuevo Estatuto federal, que mejorará y ampliará nuestro autogobierno dentro de un nuevo marco constitucional federal”.

De este modo, y en dos fases, se daría una apariencia de votación tanto por toda España como sólo por Cataluña, pero con un truco intermedio: que todos los españoles votarían una reforma ad hoc de la Constitución y luego sólo los catalanes harían lo propio sobre el Estatuto.

La reforma previa constitucional, por su parte, abriría el melón al famoso esquema de “un Estado plenamente federal, democrático y social, garantizando mecanismos de participación de los entes federados en la formación de la voluntad común del Estado” y, por supuesto, incluyendo ya “el reconocimiento de la identidad nacional catalana; delimitando con precisión los espacios competenciales; reformando profundamente las instituciones, incluyendo la creación de un Senado federal con competencia exclusiva sobre las leyes de cooperación horizontal; garantizando los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas públicas (Pacto Fiscal Federal); consolidando y ampliando las conquistas sociales en la Constitución federal, para garantizar el carácter social del Estado, así como profundizando en su carácter democrático”.

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