El director de tesis de la nueva ministra de Igualdad y el presidente del tribunal rechazan la amnistía

El director de tesis de la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo García, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid, y el presidente del tribunal evaluador de dicho trabajo de postgrado rechazan la amnistía impulsada por el PSOE de Pedro Sánchez. Se trata de los catedráticos Alfonso Fernández-Miranda y Manuel Aragón, respectivamente, ambos firmantes del manifiesto suscrito por cientos de juristas contra el perdón colectivo diseñado por Moncloa para los delitos cometidos por los separatistas por el 1-O.

Ana Redondo, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid con Óscar Puente, ex diputada en las Cortes de Castilla y León y profesora en la Universidad de Valladolid, presentó su tesis doctoral ante esta institución académica en el año 2.000 con el título El derecho de enmienda en los procedimientos legislativos de las cortes generales. También la proposición de ley orgánica de amnistía, que acaba de ser calificada por la Mesa, pasará por el trámite de enmiendas, donde se espera que Junts, ERC y Bildu formulen cambios y exijan al PSOE de Sánchez más cesiones.

El director de la tesis doctoral fue Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, con paso también por la Universidad de Valladolid, así como director general de Enseñanza Superior en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 1996 y 1997.

Por su parte, el presidente del tribunal calificador fue Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional de las universidades de Zaragoza, País Vasco, Valladolid, Complutense de Madrid y Autónoma. También ejerció como magistrado del Tribunal Constitucional desde 2004 a 2013. Fue nombrado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Los otros miembros del tribunal, según consta en la ficha de TESEO, fueron Francisco Javier García Roca, que hizo de secretario, y los vocales Paloma Biglino Campos, Antonio Torres del Moral y Juan José Solozábal Echavarría.

Alfonso Fernández-Miranda y Manuel Aragón han firmado, junto a otros catedráticos de prestigio, el manifiesto de juristas, académicos, profesores, abogados y otros profesionales del Derecho que subraya que la amnistía «rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y del juego político».

«La hipotética amnistía sería contraria también a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea (el Estado de Derecho: artículo 2 del Tratado de la Unión Europea), como ya advirtió en 2019 el presidente de la Comisión al presidente de Rumanía, ante una pretensión similar a la que ahora se plantea en España, y mostraría un Estado debilitado, casi fallido, y sin recursos defensivos para atacar esas intentonas golpistas, puesto que renuncia de antemano a cualquier acción persecutoria contra sus enemigos», reza el escrito.

Apostar por el «Estado de Derecho»

Asimismo, el manifiesto señala que «una amnistía política del alcance que se plantea en el debate actual requeriría, necesariamente, ser tramitada como una reforma agravada de la Constitución», lo que supondría la convocatoria de «un referéndum en el que el pueblo español en su totalidad se pronunciara».

El texto advierte además de que «la aprobación de una ley de amnistía por el poder legislativo desnaturalizaría la labor previa de los juzgados y tribunales, herramientas principales del poder judicial, eliminando el contrapeso que constituye el ejercicio independiente de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 de la CE), pieza medular de cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo».

El manifiesto concluye así: «Ningún problema político puede estar al margen del Derecho ni resolverse contraviniendo sus valores y principios. Por todo lo dicho, exigimos a los poderes del Estado que se sometan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Es el momento de abandonar el capricho y la veleidad del gobernante para apostar, de modo definitivo, por la Constitución y el Estado de Derecho».