Una diputada de ERC llama «represor» al Estado y Marlaska le contesta encantado de pactar con su partido

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 14/09/2022 10:54
  • Actualizado: 14/09/2022 11:23

La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rosique ha tildado este miércoles al Estado de «represor» en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lejos de pedirle que retirara tal acusación, se ha mostrado encantado de pactar con los independentistas.

«Hoy no estamos aquí para defendernos, hoy estamos aquí para denunciar sus prácticas represivas y abusivas, para denunciar que su Gobierno y ya no el del Partido Popular es quien inicia esta persecución política por ser independentistas, y además por ser jóvenes», ha señalado Rosique a Marlaska.

«Estamos también aquí para dejarles claro que a más montajes de los suyos, más convencidos nos tendrán sobre la necesidad de marcharnos de una vez de este Estado represor», ha enfatizado, sin que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, le hiciera la más mínima advertencia sobre su ofensa hacia el honor de las instituciones de justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A continuación, en su respuesta, el ministro del Interior ha afirmado que en este país «no se persigue a la disidencia política», y acto seguido ha subrayado a Rosique que ERC es un partido «con una determinada y concreta sensibilidad democrática con quien llegamos a acuerdos en políticas sociales, en derechos civiles, en memoria histórica…», ha remarcado Marlaska.

«Estoy convencido de que ustedes, defendiendo la libertad de pensamiento, lo que no determinan es que pueda ser compatible con la comisión de hechos delictivos, que es a los que hace frente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha sentenciado.

En concreto, la diputada de ERC Marta Rosique registró su pregunta parlamentaria sobre la denuncia que lanzó Omnium Cultural contra el Ministerio del Interior acusándole de justificar supuestas «infiltraciones ilegales» de agentes policiales en organizaciones juveniles de secesionismo catalán.