El dinero de la subida de impuestos en Madrid lo gestionarán Sánchez e Iglesias y acabará en otras regiones

La subida de impuestos que ha pactado el Gobierno socialcomunista con ERC está perfectamente diseñada para que ni un solo euro del esfuerzo fiscal de los madrileños acabe redundando en inversiones o prestaciones para los habitantes de la Comunidad de Madrid. Tal y como se redacta en estos momentos el incremento del Impuesto de Patrimonio en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso, el 100% de la subida del tributo será gestionado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Madrid no tendrá ni el más mínimo control del dinero recaudado. Y, puesto que se trata de la comunidad que más aporta al resto de autonomías por su mayor dinamismo económico, será difícil justificar que esta región necesita más fondos de las arcas nacionales. Traducido: la recaudación íntegra acabará destinada a otros territorios. Por lo que, teniendo en cuenta que quien ha exigido esta subida de impuestos es ERC, parece claro que los de Gabriel Rufián buscan un tobogán de dinero desde Madrid hacia Cataluña.

Las premisas sobre las que trabajan los técnicos de Hacienda en estos momentos para cumplimentar el encargo de los separatistas de castigar fiscalmente a la Comunidad de Madrid, son las siguientes. En primer lugar, que la subida fiscal se base en la creación de una “cuota estatal” en el Impuesto sobre el Patrimonio de forma que su rendimiento constituya un “ingreso del Estado no cedido a las comunidades autónomas”. Además, pretenden que la norma de aplicación sea “la norma estatal vigente reguladora del impuesto”, de forma que “en ningún caso sean de aplicación las normas aprobadas por las comunidades autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la ley de cesión de tributos”. Este último matiz es muy importante. Y es que, de esta manera, pretenden sortear las reclamaciones judiciales que interponga la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, tanto el mínimo exento como la escala de tipos de gravamen deberán ser “los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio”. Es decir, que realmente se tratará de un impuesto adicional adherido y cobrado junto con el actual Impuesto de Patrimonio autonómico.
Con todo ello, el Gobierno socialcomunista pretende que corresponda “al Estado la titularidad y el ejercicio de las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección y revisión del impuesto en lo que afecta a la liquidación por la cuota estatal”.

En resumen, que bajo el amparo del Impuesto de Patrimonio, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián se acaban de inventar un nuevo tributo que pagarán los madrileños y del que nunca verán los frutos los habitantes de esta misma región.

Castigo fiscal

Para colmo hay que recordar que este plan recaudador no se ha diseñado en exclusiva para el Impuesto de Patrimonio, sino que se pretende hacer extensivo a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones e, incluso, a la eliminación de las deducciones autonómicas en el Impuesto de la Renta.
El resultado de este castigo fiscal es descriptible: los estudios orientativos encargados por técnicos de la Comunidad de Madrid relevantes al castigo a los contribuyentes de esta autonomía se elevaría hasta los 5.900 millones de euros.

El primer paso sería la subida del Impuesto de Patrimonio en Madrid hasta acabar con su bonificación y equipararlo al recargo tributario de este impuesto en la media del resto de regiones. La medida no sería inocua.
En el caso concreto del Impuesto de Patrimonio, punto al que se refiere concretamente la enmienda de ERC, el golpe fiscal superaría los 1.000 millones de euros al año. Importe que tendrían que pagar los contribuyentes madrileños en plena recesión.

Pero el plan pactado entre el partido de Oriol Junqueras y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no acaba en el Impuesto de Patrimonio. Por el contrario, incluye también la subida a medio y largo plazo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y, tal y como ya ha admitido el Ministerio de Hacienda, podría extenderse hasta el punto de eliminar las deducciones extraordinarias reguladas por la Comunidad de Madrid, incluso, en el Impuesto de la Renta.

La factura se dispara

De este modo, si la «armonización» se extendiera a todos los impuestos de competencia autonómica, incluyendo el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la factura se dispararía.
La forma de estimar el posible perjuicio al contribuyente madrileño pasa por comparar cuál sería la subida en el caso de que en la Comunidad de Madrid se aplicara la misma normativa fiscal que en regiones nunca gobernadas por el Partido Popular, como son Asturias y Cataluña, que además son, y no por casualidad, dos de las regiones con impuestos más altos de toda España, tal y como señalan los técnicos contactados por OKDIARIO.

Ellos estiman que si se aplicaran los tipos de estas comunidades autónomas a las bases imponibles madrileñas, el impacto fiscal que conllevaría para las rentas y familias de esta región sería considerable. Con el modelo fiscal asturiano, los madrileños pagarían hasta 5.900 millones de euros adicionales al año. Mientras que con el modelo fiscal catalán, esta cifra se elevaría hasta los 5.180 millones.

Todo ello, conllevaría un esfuerzo fiscal adicional de 2.270 euros anuales de media para las familias madrileñas si se aplicara la tributación del Principado de Asturias, mientras que los hogares de la comunidad madrileña pagarían 2.001 euros de impuestos más al año si vivieran bajo las normas fiscales que impone la Generalitat catalana.

Esta subida de impuestos de 2.001 euros por contribuyente equivale a mordiscos significativos en la economía doméstica de los contribuyentes. Así, equivale a lo que cobra un madrileño medio en un mes; es más de lo que gasta una familia madrileña en ocio y cultura (1.643 euros); más de la mitad de lo que gasta un hogar en transporte (3.790 euros); y un 30% más de lo que gasta cada madrileño al año en hostelería (1.522 euros).

A todo ello están dispuestos a ceder el PSOE y Podemos con tal de satisfacer a ERC y asestar un golpe político y económico al ritmo de avance del principal Gobierno de la derecha en España: el de Isabel Díaz Ayuso.