Díaz se lava las manos: no investigará los dos millones estafados que denunció el líder de UGT Madrid

El Ministerio de Trabajo y Economía Social hace oídos sordos al caso de corrupción denunciado por el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, con dinero procedente del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), entidad pública adscrita al departamento del Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Así consta en una respuesta a OKDIARIO de la secretaria general de este organismo estatal fechada a 14 de enero.

«En cuanto a la información que se solicita relativa a investigación o denuncia relacionada con la publicación en diarios de tirada nacional sobre una presunta trama de corrupción, no se puede facilitar la misma, ya que dependería, en su caso, de otras instancias diferentes al Fogasa», señalan a modo de conclusión en su escrito de tres páginas del Ministerio.

El equipo de Yolanda Díaz escurre responsabilidades explicando cómo funciona el sistema para pedir las ayudas. «Las solicitudes de prestaciones de garantía salarial deben presentarse con impreso normalizado con los datos del trabajador y, cuando actúa por medio de representante, los datos del representante al que le ha otorgado poder, así como la cuenta bancaria, bien del trabajador o del representante, en función de las facultades otorgadas», apuntan.

«Al presentarse las solicitudes por personas físicas en representación del sindicato, con objeto de no transgredir la normativa en Protección de Datos de carácter personal, no es posible facilitar la información solicitada», trasladan a OKDIARIO que pedía todos los expedientes completos relativos a actuaciones de Fogasa y el sindicato UGT Madrid, además de saber saber igualmente si se ha abierto alguna investigación tras la denuncia del líder sindical dimitido.

La representación del trabajador para las solicitudes de prestaciones, se realiza siempre por personas físicas por la sede electrónica que suelen ser «colaboradores o asesores de las distintas federaciones sindicales, que disponen de poderes de los trabajadores». «Las organizaciones sindicales no tramitan directamente las solicitudes a su nombre como persona jurídica, siempre se realiza por personas físicas que actúan en representación de la organización sindical», agregan. No obstante, apuntan que sólo en 2021, el sindicato en cuestión ha recibido al menos 532.510,05 euros del Fogasa.

Hasta dos millones

La Fiscalía Provincial de Madrid ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia presentada por el sindicato UGT por una presunta trama corrupta con los fondos del Fogasa. Al menos son dos denuncias, una ante el Ministerio Público y otra ante la Policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid, Luismi López Reillo. Tras el cese, se ha nombrado una gestora liderada por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid. Precisamente la gestora del sindicato fue la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación de la denuncia del ex líder sindical.

El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos. Además del personal de la UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe. También la hija de una diputada del PSOE en la Asamblea madrileña estaría implicada. Su madre saltó a los titulares de prensa por señalar sin pruebas al hermano de Isabel Díaz Ayuso de supuestas prácticas ilegales.

El ex líder de UGT Madrid recibió avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado «descuadres y descontrol absoluto» en las cuestas de gestión de esos fondos. Recibió el consejo de trasladar las pruebas a la Policía y así lo hizo.

A continuación, además, la UGT comenzó una investigación interna paralela con un auditor para aclarar «la profundidad» de la estafa. Consideran que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos. Con esa investigación pretenden concluir que el sindicato no es la parte protagonista de las presuntas prácticas irregulares y sí personas particulares vinculadas a la organización.