Las pulseras antimaltrato registran hasta cinco fallos distintos, según recoge el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo recibió quejas por hasta cinco fallos distintos de las pulseras antimaltrato en el año 2025, un escándalo que destapó OKDIARIO. Así consta en el informe que esta institución, encabezada por el ex ministro Ángel Gabilondo, presentó este martes en el Congreso de los Diputados.

Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, según recoge el citado informe, manifiestan «problemas técnicos en los dispositivos por falta de cobertura de la telefonía móvil, por problemas en la geolocalización, por baterías deficientes, porque permiten una manipulación fácil del usuario o porque tienen una tecnología obsoleta». Es decir, hasta cinco fallos distintos son aquí remarcados por el Defensor.

Todo ello, según el alto comisionado de las Cortes Generales, «provoca constantes avisos y falsas alarmas de las pulseras que activan los protocolos de emergencia, aun cuando no haya causa suficiente para ello», señala el documento oficial.

Respecto a la falta de cobertura en zonas rurales, cabe recordar que la Fiscalía General del Estado ya advirtió en su memoria de 2022 de las «dificultades» para la utilización de los dispositivos telemáticos de protección de las víctimas de violencia de género en algunas provincias españolas por «razones geográficas». Sin embargo, este problema pasó inadvertido para la opinión pública.

Con relación al material obsoleto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el pasado enero la firma de un nuevo contrato para sustituir las pulseras telemáticas antimaltrato por un sistema de tobilleras «más fiable», es decir, «menos manipulables».

Esta decisión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez fue adoptada al constatar «problemas de fiabilidad» en los dispositivos utilizados hasta la fecha, cuyos errores causaron desprotección a víctimas y provocaron el archivo de procedimientos judiciales, incluso la absolución de agresores, tal y como desveló OKDIARIO en septiembre de 2025. La ministra Redondo explicó el pasado enero que, en caso de fallar, las tobilleras podrán ser reemplazadas en un plazo máximo de 24 horas.

El nuevo contrato, que se extenderá desde 2026 hasta 2029, tiene un coste base de 71,3 millones de euros y tratará de subsanar los fallos técnicos que impedían acceder a datos de incumplimientos de condenas.

«Permanente tensión»

En este apartado, el Defensor subraya que la queja «más significativa» señalaba que «el agresor había manipulado la pulsera para que el dispositivo de la víctima saltase y emitiese alarmas, causándole un permanente estado de tensión». «Los jueces habían solicitado el cambio de la pulsera, pero el agresor conseguía manipularla de nuevo», apunta la institución.

Asimismo, el alto comisionado refleja que «en otro expediente el propio agresor señalaba que su expareja rompía el perímetro de seguridad intencionadamente y se acercaba a él para generar incidentes de posibles quebrantamientos, que precisamente luego ella denunciaba».

Además de estas protestas por tales errores de las pulseras antimaltrato, el Defensor del Pueblo también recibió «quejas de víctimas de violencia sexual por dificultades de acceso a ambos sistemas Cometa o Atempro, que debían estar incorporadas al sistema tras la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual».

En este contexto, la institución que capitanea Gabilondo advierte que «también se debe entender la magnitud del servicio, pues, según los datos oficiales, en septiembre de 2025, el sistema Cometa gestionaba 30 millones de geoposicionamientos diarios, alrededor de 1.700 alertas diarias, y daba asistencia a 4.730 mujeres. El servicio de Atempro, por su parte, atendió desde su creación a un total de 152.887 mujeres, con más de 18.000 nuevos casos activos en el año 2024, dice el documento presentado en las Cortes.

El Defensor añade que, además de estos dos mecanismos, existen el teléfono 016 o la protección policial por el sistema VioGén. «Se trata de un sistema de protección complejo, en el que intervienen distintas administraciones, y que requiere coordinación y cooperación institucional para evitar una victimización secundaria», señala el alto comisionado.