C’s pide a la Junta Electoral sancionar a Celaá por inducir al voto al PSOE desde instituciones públicas

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Isabel Celaá, ministra de Educación.

Ciudadanos ha recurrido a la Junta Electoral Central (JEC) para solicitar una sanción a la ministra y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, por haber inducido al voto hablando en nombre del PSOE cuando compareció el pasado viernes como miembro del Gobierno tras el Consejo de Ministros.

En concreto, el escrito de Ciudadanos se refiere a unas declaraciones realizadas por Celaá al ser preguntada sobre la candidatura de Íñigo Errejón a las próximas elecciones del 10-N, respondiendo ella que esa nueva candidatura no desvía el objetivo del PSOE, que es «salir a ganar».

Los naranjas alegan que esa declaración es de «naturaleza político-partidista»: «La ministra ha  utilizado, consciente y deliberadamente, el cargo para difundir un mensaje político al servicio de los objetivos e intereses del PSOE», argumenta Ciudadanos en su escrito, en el que subraya que «no hay duda de que se ha roto la neutralidad política; se ha apropiado de las instituciones, del Gobierno, al servicio de los objetivos e intereses políticos del PSOE en el contexto electoral en el que nos encontramos».

Igualmente, insta al organismo electoral a apercibir a los miembros del Gobierno para que respeten la neutralidad de las instituciones y la prohibición de que se realice, en los términos del artículo 50 LOREG, cualquier actuación que se dirija «directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, a inducir el sentido del voto de los electores».

Ciudadanos ha recalcado además que la actitud de la ministra portavoz no es excusable porque estas declaraciones fueran realizadas a raíz de la pregunta de un periodista. La propia Celáa se mostró molesta durante la citada rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el posible uso partidista de esta plataforma del Ejecutivo para defender los intereses del PSOE.

Por ello, planteó dos opciones a los periodistas: o que no la pregunten por las fuerzas políticas o no responderles cuando lo hagan: «podemos elegir cualquiera de las dos». Y se defendió argumentando que supone una «obviedad» afirmar que el PSOE, partido que sustenta el Gobierno, sale a ganar el 10 de noviembre.

No obstante, para Ciudadanos «nada puede empujar a la Ministra portavoz a efectuar una declaración ilegal, máxime cuando debe ser consciente de la ilicitud». «Frente a lo preguntado, indudablemente, la Ministra portavoz, en funciones, tiene la exigencia de cumplir la Ley», subraya al respecto.

Usar las instituciones públicas

Por ello, considera que Celáa ha incumplido el artículo 50 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General sobre el uso de las instituciones públicas para influir en el sentido del voto. «No sólo se ha roto la prohibición de influir en las elecciones, sino también la neutralidad que exige exclusivamente el servicio al interés general. No sólo se pretende influir en la competencia electoral, sino utilizar los poderes y los medios que el legislador ha habilitado al Ejecutivo al servicio de fines espurios (políticos-electorales)», alega en el escrito.

Igualmente, señala que se han incumplido los acuerdos dictados por la propia Junta Electoral Central sobre la exposición de logros o el uso de lemas análogos a los de una formación política. En el presente caso, defiende Cs al respecto, se trata de «juicios valorativos, enteramente subjetivos, de comunicación política y expresamente referidos al partido político que sostiene al Gobierno y al que pertenece la propia Ministra».

«La ministra se desentiende de su función pública para asumir la política de difusora de las consignas de su partido; hasta el extremo de elevarse a la condición de portavoz de la social democracia en España. No hay ninguna duda, a nuestro juicio, de que se han expresado juicios valorativos de naturaleza política y partidistas contrarios a la neutralidad de las instituciones públicas para preservar la igualdad de los contendientes electorales en unas elecciones democráticas, conforme exige la Constitución y la LOREG. No hay duda, a nuestro juicio, de que se han expresado mensajes que se dirigen directa e inmediatamente a inducir el sentido del voto de los electores», concluye.

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