El Constitucional rechaza apartar a Conde-Pumpido del debate de la amnistía como pedía el PP

El Pleno del Tribunal Constitucionalidad ha acordado por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra inadmitir la recusación promovida por el PP contra el magistrado y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, con motivo del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La magistrada Concepción Espejel ha anunciado un voto particular discrepante con la composición del Pleno y con el objeto del incidente, pero ha mostrado su aprobación con la inadmisión de la recusación de Conde-Pumpido.

De esta forma, Cándido Conde-Pumpido Tourón podrá participar en las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley de Amnistía. El recusación promovida por los populares ha sido inadmitida por siete votos a favor y uno en contra. Se espera que las mismas razones que han llevado al Pleno a descartar la recusación contra Conde-Pumpido conduzcan a tumbar las otras ocho formuladas por comunidades autónomas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo que han impugnado igualmente la Ley de Amnistía. Cabe recordar que esta norma fue pactada con los separatistas y permitió la investidura de Pedro Sánchez, con los votos favorables de ERC y Junts.

La votación en el Tribunal Constitucional se ha desarrollado de forma pacífica y sosegada, aunque las discusiones sobre este asunto han ocupado toda la jornada debido al malestar en el bloque de los magistrados propuestos por el PP por la forma de proceder del propio Conde-Pumpido con las recusaciones planteadas por la amnistía.

Y es que en este Pleno sólo han participado 8 de loas 12 magistrados que lo integran habitualmente porque Conde-Pumpido pidió a la magistrada nombrada por el PSOE Laura Díez y al juez nombrado por el PP José María Macías que no intervinieran en la deliberación sobre la recusación dirigida contra él porque ellos también están recusados en este tema, ella por parte del PP y él por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El sector afín a los populares abogaba por resolver las recusaciones formuladas contra estos tres magistrados del mismo modo que se hizo con las abstenciones del ex ministro socialista Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de los debates sobre la amnistía porque cuando era ministro de Justicia dijo que era «claramente inconstitucional» en los informes a favor de indultar a los condenados por el procés.

Con Campo, el Constitucional ratificó su abstención en el primer asunto que llegó a Pleno -la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS)- y, en un Pleno posterior, aplicó ese mismo criterio a las otras 19 abstenciones restantes.

En un escrito dirigido a Cándido Conde-Pumpido Tourón, Macías le pidió no fraccionar la deliberación sobre las recusaciones para garantizar un resultado «neutro». Esgrime que, de rechazarse las formuladas contra el presidente del TC y Díez, los magistrados progresistas podrán decidir sobre la lanzada en su contra sin que él haya podido hacerlo en las de ellos.

De esta forma, Macías reclamaba aplicar la pauta Campo a las 54 recusaciones a magistrados que acompañan a las impugnaciones a la ley de amnistía. En concreto, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acumula 27, mientras que Conde-Pumpido, Díez y Campo cuentan con 9 cada uno. Cabe recordar que las formuladas contra el ex ministro de Justicia decayeron tras ser aceptadas sus abstenciones.

Frente a la petición de Macías, otras voces de la corte de garantías esgrimen que, precisamente, se ha transitado hacia el modelo que el bloque designado por el PP defendió durante el Pleno celebrado el pasado 24 de septiembre, en el que se avaló el conjunto de las abstenciones de Campo.

Tras haber sido denegada la recusación de Conde-Pumpido, se espera que en el siguiente Pleno se discuta la de Díez en este mismo asunto. Posteriormente, la idea es abordar la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del PP, cuya ponencia ha recaído, precisamente, en Macías. Y después tratar la recusación contra este último.

Ambos sectores coinciden en señalar la pugna por el control de los tiempos como verdadero motivo del nuevo enfrentamiento entre los dos bloques de la corte de garantías.

Desde el sector designado por el PSOE se buscaba «agilizar» la tramitación de la Ley de Amnistía a fin de poder sentenciarla en un plazo de entre seis meses a un año, una estimación que en el escenario más optimista podría alumbrar un fallo hacia verano.

De otro lado, se pretendía un debate más sosegado que respetara desde el inicio la individualización de cada incidente -ya fuera abstención o recusación-, lo que dilataría irremediablemente la primera sentencia sobre la amnistía. Estas dos velocidades se explican por la creciente sensación de que el momento en el que falle el Constitucional podría ser clave para la actual legislatura.